Una esperanza prudente y difusa. Más de tres lustros con negativas pertinaces y dificultades insalvables han truncado, invariablemente, la ejecución de un enlace desde la autovía A-45 hacia el Parque Empresarial Príncipe Felipe en Lucena. Una respuesta parlamentaria del Ejecutivo central, que vuelve a rechazar la financiación de esta conexión, sí destapa una alternativa consistente en la obtención de fondos privados o de otras administrativos para sufragar la inversión.

Desde el año 2005, fecha de implantación de esta zona industrial, particulares, empresarios, diversas asociaciones, grupos políticos y el Ayuntamiento han reivindicado, de forma discontinua, la realización de un ramal que redundaría, argumentaban los diferentes agentes implicados, en la visibilidad de este extenso polígono y, por consiguiente, incrementaría la actividad económica y el desarrollo de las empresas. A estas reivindicaciones, en las últimas fechas se ha añadido la petición, también insistente, de los responsables del hospital privado Centro de Andalucía.

De forma inalterable, el Gobierno central, en sucesivos ciclos políticos y alternas formaciones políticas en La Moncloa, se ha opuesto a esta obra por la cercanía de otras salidas. Recientemente, en una contestación a una pregunta elaborada por el PP, el Ejecutivo socialista ha señalado que “si se cumplen los requerimientos para ello”, el Ministerio de Fomento “podrá autorizarlas para su ejecución y financiación con cargo a los promotores”.

A pesar de que la administración estatal reitera que, en modo alguno, asumirá el coste de la actuación, sí entreabre una opción novedosa y nunca antes planteada.

Ante ello, el alcalde, Juan Pérez (PSOE), reconoce que “si se abre otra línea de trabajo, seguiremos trabajando para intentar que la obra se pueda acometer”. En definitiva, a su juicio, “esta respuesta abre caminos” a fin de “ver en qué situación nos podemos encontrar”. A continuación, ha agregado el primer edil socialista, “lo valoraremos y vamos a trabajar para que se haga y se pague”.

En un primer análisis, Pérez desecha la posibilidad de que los propios empresarios abonen la construcción del enlace y se manifiesta más partidario de sondear la consecución de fondos procedentes de otras administraciones.

Finalmente, eleva como cuestión prioritaria “ver si técnicamente se puede hacer o no” y, en segunda instancia, definir requisitos tales como “dónde se puede construir, o si requiere de poca dimensión o de un recorrido amplio”.