Izquierda Unida continuó ayer en el Pleno de la Diputación su particular batalla contra la que cree una privatización inminente de las depuradoras. La portavoz de la coalición, Elena Cortés, insistió durante la defensa de la moción presentada por su grupo al respecto -y que no prosperó- en que "con esa privatización, el PSOE esconde intereses económicos empresariales que para ellos están por encima del interés general". "Hay quien en el PSOE quiere que se le adjudiquen a una empresa en concreto y hay quien quiere que se le adjudiquen a otra. Hemos lanzado lo de los intereses en el Pleno y no han entrado al trapo", dijo Cortés a El Día.

IU planteó una iniciativa en la que proponía que el consejo de administración de Emproacsa presentara en el plazo de seis meses al Pleno un estudio-propuesta para poder gestionar directamente las 22 depuradoras que están en construcción y que entrarán en funcionamiento en 2009, así como las nueve que ya están operativas. Asimismo, demandó otro estudio de costes para las 13 depuradoras que no tienen financiación. La intención de Emproacsa es la de adjudicar la gestión durante cuatro años a una o varias firmas privadas. Según el presidente de la empresa pública, Antonio Ramírez, "esa cesión de la gestión de depuración sería hasta ver qué competencias concede al respecto a las administraciones la futura Ley del Agua."

El PP, por su parte, tan sólo estuvo de acuerdo con IU en un punto de su moción: el relativo al estudio de costes de las 13 depuradoras que aún no tienen financiación. No obstante, el portavoz popular, Luis Martín, coincidió con Antonio Ramírez en estudiar si es viable que Emproacsa gestione las depuradoras "o al final eso va a suponer el caos o la quiebra de la empresa pública por desequilibrio económico; no debemos olvidar que la Diputación va a tener que aportar dos millones de euros para el funcionamiento de Emproacsa", recalcó el presidente de la empresa pública.

El grupo liderado por Elena Cortés pretendía asimismo que la Diputación y la Junta de Andalucía se hagan cargo de las sanciones que la Confederación Hidrográfica ha impuesto a los ayuntamientos por no depurar las aguas residuales al carecer de estaciones depuradoras. "Los ayuntamientos no tienen la culpa de que no estén en funcionamiento, algo que debería de haber sido realidad, según marcaba una directiva europea, a principios de 2006", recordó la portavoz de IU. "Emproacsa ya se hace cargo de las sanciones a aquellos municipios -48 y dos entidades locales autónomas- que están en el ciclo integral del agua, como nos haríamos de las impuestas a los que se incorporen a él", dijo Ramírez.

Por contra, sí salió adelante y por unanimidad, la firma de un protocolo de colaboración con el Colegio de Arquitectos de Córdoba que servirá a la institución provincial para facilitar la gestión de los proyectos municipales que finalmente se acojan a los fondos estatal y regional de inversión local. También hubo unanimidad a la hora de la aprobación del Plan Provincial de Formación y Empleo Juvenil, del que se beneficiarán 80 jóvenes.