La Guardia Civil tiene asignadas las misiones genéricas de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana, y la averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Dentro de estas competencias,se encuentran la lucha contra las conductas relacionadas con la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios, que se prevén y sancionan en España tanto en el ámbito administrativo como en el orden penal.

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas es una asociación sin ánimo de lucro que representa a las denominaciones de origen del vino españolas y, conforme a sus estatutos, persigue entre otros objetivos representar, gestionar, defender y promocionar los intereses comunes; defender y velar por el prestigio de los vinos españoles con denominación de origen, así como contribuir a proteger los derechos de propiedad intelectual ligados a dichas figuras de calidad y promover la lucha contra el fraude en los vinos con calidad diferenciada.

Ambas partes comparten el objetivo de la protección de los derechos de los productores (viticultores), elaboradores (bodegas) y consumidores, garantizando el principio general de veracidad y justificación de la información, que figure en el etiquetado de los productos agrarios y alimentarios, así como luchar contra cualquier tipo de fraude que atente contra la importante labor medioambiental y de sostenibilidad que llevan a cabo las denominaciones de origen.

En este sentido, el pasado 19 de enero, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Juan Carretero, pudo presentar ante el pleno del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Vino y Vinagre de Montilla-Moriles la voluntad de garantizar la seguridad alimentaria investigando actividades ilícitas y protegiendo los legítimos intereses de las empresas del sector.

El gerente del Consejo Regulador, Enrique Garrido, manifestó que Montilla-Moriles fue una de las DO que inicialmente impulsó la necesidad de reforzar la colaboración con la Guardia Civil, y explicó que, con el presente procedimiento operativo de colaboración, se comprometen a intercambiar información técnica relevante y a establecer un canal de comunicación directo.

Tanto la Guardia Civil de Córdoba como el Consejo Regulador de las DO Montilla-Moriles se han emplazado a continuar labores de formación y conocimiento mutuo que redunde en una mejor protección de los derechos de propiedad intelectual de las DO, así como en la protección de los intereses de los consumidores y las inversiones de los productores y empresas cordobesas del sector.

Gracias a esta colaboración, que de forma pionera ya se ha puesto en marcha en la provincia cordobesa, se potencia el valor patrimonial que suponen los vinos acogidos a las DO en España, donde los productores sostienen y dinamizan el territorio y donde la Guardia Civil es el actor principal en materia de seguridad.