Dos décadas después del origen del proyecto y tras varios meses de la apertura del trazado, la Junta “espera” finalizar “en los próximos meses” la satisfacción de los pagos exigibles por la expropiación de 116 fincas insertadas en la obra de la variante de Lucena hacia Rute e Iznájar.

Entre diciembre y enero, la administración autonómica asegura haber abonado indemnizaciones a los titulares de 46 parcelas. En “unas semanas”, la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio liberará el dinero para resarcir a los dueños de otras 60 propiedades.

Entre las tramitaciones aún por culminar, figuran dos causas dispares. Con dos expropiados, el pacto bilateral se ha demorado hasta fechas recientes y el envío del dinero, por consiguiente, también acusará un nuevo retraso. De otro lado, al menos cuatro propietarios han rechazado la propuesta de la Junta y un justiprecio fijará el valor de los terrenos.

La delegada territorial del ramo, Cristina Casanueva (PP), ha indicado que “en los próximos meses” culminará este procedimiento administrativo.

La Junta calcula en más de un millón de euros el montante correspondiente a la transmisión forzosa de las superficies por donde discurre una infraestructura viaria cuya longitud abarca 4,2 kilómetros, emplazada en la A-331, que conecta con la Autovía del Olivar y la A-45.

Los propietarios, que han manifestado reiteradamente su contrariedad e indignación por la tardanza en percibir el dinero que les pertenece, difieren de la cantidad señalada por la Junta y elevan la cantidad global a 3,5 millones.

Esta diferencia en las cifras calibradas radica, explica la Junta, en “la estimación” de los retrasos acumulados que los propietarios agregan a la suma del coste de las 116 fincas afectadas.

Fomento reconoce que el holgado millón aceptado no contabiliza las dilaciones generadas. Casanueva ha explicado que estos compromisos devengados se reclaman una vez se haya efectuado el ingreso del acta pertinente. Incide la delegada territorial del ramo en que “cada uno ha de solicitarlo, expediente por expediente”.

Este recorrido burocrático “ha sido largo” admite Cristina Casanueva, quien procura distinguir la conducta de los gobiernos socialistas de la actitud del Ejecutivo presidido por Juanma Moreno. “En dos años, con uno de pandemia, esperamos que esté resuelto todo el tema de los pagos” y añade que, en unos nueve años, desde 2010, “sólo se había pagado 15.000 euros lo mínimo que daba acceso a empezar las obras”.

En resumen, ha recalcado que “el retraso no ha sido por falta de gestión, sino por la situación del covid-19 y la complejidad de no poder tener contacto con las familias”.

La cumplimentación definitiva de la documentación, perfilando líneas y corrigiendo divisiones, ha prevalecido “en estos dos años en que no hemos estado parados”, apunta Cristina Casanueva. Esta carretera entraba en servicio el último 10 de julio y la inversión de ejecución material alcanzaba los nueve millones de euros.