Córdoba

La Diputación aprueba la cuarta prórroga para salvar su ayuda al centro de convenciones

  • La adenda al convenio con el Ayuntamiento incluye la encomienda de los trabajos a Tragsa

Un momento del Pleno de la Diputación de Córdoba. Un  momento del Pleno de la Diputación de Córdoba.

Un momento del Pleno de la Diputación de Córdoba. / El Día

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Y van cuatro. El cogobierno de la Diputación de Córdoba aprobó ayer una nueva modificación del convenio entre el Ayuntamiento de la capital y la institución provincial para impedir que se pierdan los 1,5 millones comprometidos para la ejecución de las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero. La adenda amplía hasta el 30 de junio de 2020 el plazo concedido para acometer una inversión que, originariamente, se había contemplado para la primavera de 2016. Como novedad, la adenda encomienda los trabajos a la sociedad Tragsa, participada por la institución.

El pasado 4 de abril, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, remitió un escrito al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, en el que exponía que, desde que el primer acuerdo se firmó el 21 de mayo de 2015, “se han sucedido diversas vicisitudes que han hecho imposible cumplir con la estimación de finalización de la obra”. De hecho, el escrito asume que estos hechos “han culminado con la resolución del contrato de obra por incumplimiento de los plazos de ejecución de la empresa adjudicataria”. Ambrosio, además, considera que la subvención otorgada por la Diputación es “indispensable” para finalizar los trabajos.

Esta cuarta adenda ha salido adelante con el voto a favor del PSOE e IU, la abstención de Ganemos y la oposición del PP y Ciudadanos. El diputado provincial de Hacienda, Salvador Blanco, ha defendido lo “singular” de la intervención, pues “no es lo mismo rescatar una obra que hacerla de nuevo”, y ha destacado que el pabellón del Parque Joyero “tiene posibilidades”.

El diputado provincial del PP José María Estepa mostró la oposición de su grupo a que sea la sociedad pública Tragsa la que asuma el fin de la obra, al entender que esto implica “salvarle la cara al Ayuntamiento”. El portavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches, advirtió por su parte de que esta sociedad pública se convierte así en “competencia del sector privado”.

La portavoz de Ganemos, Ángeles Aguilera, avisó de que esta adenda es un “marrón” para la institución, que ahora “con una empresa pública deberá solucionar un problema que el sector privado no ha sido capaz de resolver”. Aguilera calificó como una “irresponsabilidad” del Ayuntamiento que hace cuatro años asumiera la gestión del inmueble, por el que paga 300.000 euros al año de costes de comunidad, que consideró un “regalo envenenado”.

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