La Guardia Civil ha desalojado este jueves la finca Somontes de Palma del Río, propiedad de la Junta de Andalucía y que ocuparon hace 53 días jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). El desalojo, ordenado por el juzgado de Instrucción de Posadas (Córdoba), se ha realizado con "resistencia pacífica" por parte de los 29 jornaleros que estaban en la finca al comienzo de la operación policial, a las 6:00, ha explicado el asesor jurídico del SAT en Córdoba, Javier Ballesteros.

Fuentes de la Guardia Civil, por su parte, han señalado que el desalojo se ha culminado sin incidentes y sin detenidos. Los jornaleros, que han anunciado que volverán porque es la única alternativa que tienen para "vivir dignamente", han calculado que para la operación policial se han destinado a unos trescientos agentes de la Guardia Civil, mientras que un portavoz del Instituto Armado ha dicho que el operativo montado fue el habitual.

La finca tiene 359 hectáreas en secano y 41 en regadío, sólo daba empleo a un cuidador y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía, según el SAT. Desde su ocupación el pasado 4 de marzo, los jornaleros aseguran que han realizado obras de mejora como la creación de un huerto, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para la siembra de pimientos, la plantación de olivos, el arreglo y mejora de las instalaciones de riego o la creación de un gallinero.

Tras el desalojo, el SAT ha lamentado en un comunicado que la Junta de Andalucía haya optado por la vía de la represión en vez del diálogo, lo que hubiera permitido resolver el problema del desempleo en una de las comarcas más castigadas por el paro, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas.

El SAT asegura que intentaron negociar con la Junta para evitar la venta de la finca pública y que se cediera su uso y explotación a cooperativas de jornaleros, un modelo que califican de exitoso y está garantizando el pleno empleo en localidades como Marinaleda (Sevilla).

Los jornaleros añaden que la venta de la finca hubiera significado que sus compradores -banqueros, terratenientes o especuladores- se beneficiarían de subvenciones europeas y ayudas públicas por una explotación agrícola extensiva e industrializada (para biodisel o transgénicos) que no generaría ningún puesto de trabajo.