Provincia

El Ayuntamiento agota el plazo para remitir al juez los papeles de las dietas

  • El alcalde confía en que la documentación aclare al magistrado instructor que los cobros se debieron a un "error administrativo"

El Ayuntamiento de Benamejí remitió ayer al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lucena la documentación requerida sobre el cobro irregular de dietas en el Consistorio, un hecho por el que están imputados por presunta malversación el propio regidor, el socialista José Ropero, y el concejal de Urbanismo, Francisco Hoyos, también del PSOE. El Consistorio esperó al último día dado por el instructor para remitir las pruebas, que había solicitado la Fiscalía Provincial de Córdoba.

Ropero confirmó que fue el propio secretario municipal quien entregó los documentos sobre las dietas en las dependiencias judiciales. Ha hecho falta el trabajo de dos funcionarios municipales durante diez días para recopilar toda la información, dijo Ropero, según las instrucciones dadas por el interventor municipal basándose en el requerimiento judicial.

En su primer decreto para solicitar la imputación, el Ministerio Público ya pedía que se indicara la persona que ostentó el cargo de secretario interventor desde 2002 hasta 2012 y reclamaba al Ayuntamiento benamejicense la documentación relativa a la fiscalización de los gastos, así como los decretos de ordenación del pago. El magistrado se encontraba a la espera de recibir estos documentos para continuar la instrucción.

A principios de junio, la Fiscalía Provincial de Córdoba pidió imputar "a todos los beneficiarios" que cobraron las dietas irregulares en el Ayuntamiento de Benamejí, una circunstancia que implicaría a casi 40 personas, aunque hasta ahora sólo se han concretado dos imputaciones. Ropero confió ayer en que la documentación aclare al instructor que los cobros se debieron a un "error administrativo", tal y como ha sostenido hasta el momento en todas sus explicaciones públicas y en el seno de la comisión de investigación que analizó el caso. El grupo de trabajo detectó, en total, 74.084 euros pagados de manera irregular, que tienen que devolver un grupo de casi 40 personas, entre técnicos y políticos; el 95% de la cuantía la reembolsarán Ropero y Hoyos.

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