Nuevo capítulo en el procedimiento judicial abierto en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba. Ahora, una nueva sentencia levanta la imputación al que fuera interventor del consorcio y actual secretario del Ayuntamiento de Pedro Abad. El juez considera que su actividad en la entidad era accesoria y no principal, dada su dedicación al Consistorio prácticamente a tiempo total.

El fallo recoge, además, que "nada indica que conociera los tejemanejes que con los caudales públicos ocupaban al gerente". La sentencia se refiere así a la etapa de Antonio Navarrete como gerente del consorcio, un periodo por el que está abierto el citado procedimiento judicial en el que el propio exdirectivo se encuentra imputado por sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Es más, la sentencia recuerda que "no ha de olvidarse que las normas consignadas en los estatutos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios parecen no encomendar la función de ordenación de pagos al interventor, sino al presidente del consorcio, clavero de las arcas". Es más, insiste en que se trata de "una cosa nada extraña si la actividad del interventor estaba vinculada al Ayuntamiento y el Consorcio contaba con un departamento de Administración y contabilidad".

Esta sentencia llega después de que el que fuera jefe de contabilidad y administración del órgano provincial presentara un recurso contra su imputación en el mismo caso. Sin embargo, la Audiencia Provincial considera razonable mantener su imputación y, además, insta a seguir investigando su posible conocimiento y colaboración necesaria para que se pudiera producir el presunto desvío de fondos a la cuenta del anterior gerente del consorcio, esto es, Antonio Navarrete. No obstante, el texto señala que "sin apurar antes la investigación se hace difícil un pronunciamiento", si bien, "se estima necesario para deslindar responsabilidades la práctica de las pruebas que interesa al propio acusado para ver si la gestión del gerente era absolutamente personalísimas -como parece deducirse de cierto material probatorio- frente a una actuación mecanicista o de convidado de piedra". En cualquier caso, continúa, "de teórica negligencia, que parece predicar de si mismo el recurrente, supuestamente por ello instalado en el desconocimiento de la actividad que desempeñaba" Antonio Navarrete.

Cuando el PP llegó al equipo de Gobierno de la Diputación a mediados de 2011, el agujero en el Consorcio alcanzaba los 16 millones. Ahora, casi cuatro años más tarde, y tras poner en marcha un plan de saneamiento, la deuda se ha reducido exactamente a la mitad. Así, de los ocho millones aún pendientes, la mayor parte responde a la deuda con la Seguridad Social, a la que la entidad todavía tiene que devolver 5,8 millones de euros. El Consorcio, además, aún tiene que pagar 1,6 millones en concepto de IRPF. Tal y como ya avanzó El Día, un montante de 340.000 euros se corresponde con intereses de préstamos y los 470.000 euros hasta sumar los ocho millones son facturas que quedaban pendientes de pago encontradas cuando se inició la investigación judicial. Durante el presente ejercicio económico, está previsto que la Diputación y los municipios desembolsen otros 1,9 millones, de los que la Diputación pondrá 1,1.

El Consorcio cuenta este año con un presupuesto que alcanza los 15 millones de euros y reserva un millón para inversiones. Los entes consorciados -la propia Diputación y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes- aportarán 12,5 millones.