La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) Córdoba pidió ayer a los ayuntamientos de la provincia que instauren un servicio de guardas rurales para conseguir una mayor disminución de los robos en el campo, siguiendo el ejemplo de algunos municipios que ya lo hacen. Asaja propuso que los costes se sufraguen con el dinero que los consistorios recaudan a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de rústica, prestando así un "servicio clave" en el medio rural.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, explicó que en el mundo rural se detectan "muchas brechas en cuanto a infraestructuras y servicios básicos con respecto al mundo urbano y al resto de sectores, al igual que se evidencia entre uno y otro una patente discriminación económica".

Los ayuntamientos, sin embargo, a través del IBI recaudan de los bienes rústicos la mayor parte de los ingresos con los que financiarse, "sin verse por ello mejoras que repercutan en la calidad de vida de los agricultores y ganaderos como máximos contribuyentes que son". Añadió que "los ayuntamientos incluso se valen de este impuesto para reactivar sus maltrechas economías subiendo de golpe las tasas, como así viene sucediendo en estos últimos años de forma continuada" sumando, además, a este tributo más tipos de propiedades como balsas, casetas para riego, establos o casetas de aperos.

Por tanto, Asaja Córdoba consideró que una "buena fórmula" para restituir al campo parte de los ingresos que los ayuntamientos recaudan a través de este impuesto sería la instauración de guardas rurales. Al igual que sus homólogos guardas de cotos o de pesca, dependen directamente de la Guardia Civil para su acreditación y en su actuación.