Tribuna

Fransico j. Ferraro

Miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly

Otra ronda de concertación social

Otra ronda de concertación social Otra ronda de concertación social

Otra ronda de concertación social

Ante la indiferencia política, la semana pasada se firmó un nuevo acuerdo de concertación entre los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Junta de Andalucía con un presupuesto de 542 millones de euros. El Acuerdo por la Calidad y Estabilidad del Empleo y de Apoyo a la Negociación Colectiva merece una atención destacada por su importante cuantía, por ser la pieza central de la política de fomento del empleo de la Junta de Andalucía y por reiterarse en los objetivos, en los instrumentos y en las instituciones firmantes de los acuerdos de concertación, de los que existe una larga experiencia (desde 1993), sin que en estos veinticinco años hayan dado prueba de su eficacia, a juzgar por la divergencia andaluza con la media española en términos de renta per cápita, de empleo, paro y formación para el empleo.

El acuerdo firmado es fruto de la Mesa por la Calidad y la Estabilidad en el Empleo constituida en junio de 2017, "cuyo desarrollo supuso la puesta en marcha de cuatro mesas técnicas para profundizar en la mejora de la empleabilidad de las personas, de sus condiciones laborales, así como en la seguridad y salud laboral de éstas". Y "abordaron las relaciones laborales y la seguridad y salud laboral; las políticas activas de empleo; la formación profesional para el empleo; y un plan de apoyo a la negociación colectiva" (Expositivo 2º).

Lamentablemente, desconocemos los resultados de la "profundización" en estos temas de las cuatro mesas técnicas, pero sí conocemos sus resultados en forma de once medidas en las que se cristaliza el acuerdo. Medidas que, por lo general, son de carácter muy genérico ("aprobación e impulso de medidas de fomento del empleo estable y de calidad", "reforzar el diálogo social y la concertación social para acordar medidas que generen empleo estable y de calidad"), otras medidas son reiteradas en iniciativas y acuerdos anteriores ("adecuación de las políticas activas de empleo para la mejora de la empleabilidad y adaptación a las necesidades del mercado laboral"), otras forman parte del discurso reivindicativo de la Junta de Andalucía ("reclamar al Gobierno Central la revisión de los criterios de reparto de las políticas activas de empleo que perjudican a las personas desempleadas que residen en territorios con mayor tasa de paro y mayores dificultades de inserción"), y otras, como las encaminadas a reforzar la negociación colectiva, que favorecen el protagonismo de la patronal y los sindicatos en las relaciones laborales.

Como decía, es un acuerdo de gran trascendencia para Andalucía, tanto por el elevado gasto público a él asociado como porque trata de abordar el primer problema regional (el elevado nivel de paro y la precariedad de buena parte del empleo), por lo que es preocupante su escasa precisión y la ausencia de análisis y debate público, pues el acuerdo adolece de múltiples limitaciones, entre las que se pueden destacar: 1) La mayor parte de las medidas son de carácter muy general y han sido objeto de anteriores iniciativas políticas, sin que se conozca una evaluación rigurosa de sus resultados que, por todos los indicios, no han sido muy exitosos. 2) Cualquier conjunto de medidas de política económica debe partir de un diagnóstico previo y riguroso. No sabemos si ha existido, pero, a falta de su explicitación, es comprensible la desconfianza. 3) La imprecisión en la formulación de las medidas permiten que se concreten con desigual funcionalidad para los objetivos que se persiguen. 4) Las medidas acordadas no incluyen indicadores cuantitativos de cumplimiento, lo que impedirá evaluar los resultados. 5) Como en otros acuerdos de concertación, se ha sustraído al Parlamento de Andalucía el debate de unas medidas que no sólo interesa a los afiliados a los sindicatos y la patronal, sino a toda la sociedad. 6) Lo que es incuestionable es que el acuerdo beneficia a los firmantes porque, más allá de que el acuerdo lleve implícito beneficios concretos, fortalece a CCOO, UGT y la CEA como agentes relevantes del "diálogo social", mientras que la Junta de Andalucía recoge el apoyo de los "agentes sociales" de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Somos muchos los andaluces que venimos cuestionando la utilidad de estos acuerdos de concertación, que se vienen sucediendo con distintas denominaciones desde 1993. Desde entonces, en el mundo y en Andalucía se han producido muchos cambios, pero la filosofía de estos acuerdos y sus signatarios siguen siendo los mismos: los máximos representantes de CCOO, UGT, la CEA y del partido gobernante en Andalucía.

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