Imagen de archivo

Hace días se han celebrado en Córdoba unas jornadas de la Junta de Andalucía donde se debatían las bases para un nuevo urbanismo para la necesaria revisión de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que pretende agilizar los procedimientos urbanísticos, pues actualmente se prolongan años, lustros o decenios... Todos los actores del urbanismo están de acuerdo, por lo que se espera que se consolide una propuesta que llegue a ser la solución a tanto retraso. Pero si sólo se va a limitar a agilizar los procedimientos urbanísticos sin abordar los problemas de los andaluces, se perdería una nueva oportunidad para que la clase política esté al servicio del ciudadano de forma eficaz y directa. Por ello, quiero centrarme en uno que afecta de lleno a mis vecinos y tiene al Ayuntamiento de Almodóvar del Río, desde sus limitadas posibilidades, en permanente atención. Se trata de garantizar los servicios básicos de agua y electricidad a las parcelaciones urbanísticas que, ante los ojos de todos y no sólo de la administración local, se han ido construyendo y consolidando en las últimas décadas.

Lamentablemente, otras revisiones de la LOUA y reglamentos de desarrollo han sido siempre meros brindis al sol que, en realidad, no satisfacían las necesidades descritas, atajaban el problema de forma sesgada e incompleta y, encima, vendían la idea de que se había dado solución. Pero no ha sido así, al menos en lo que realmente demandaban los andaluces afectados. Parece que el político andaluz tiene miedo a enfrentarse a la realidad existente en este campo y jamás aborda el problema, sino que lo maquilla y posteriormente genera la lógica desilusión de los que esperan algo más. Que el acceso a la luz y el agua sean derechos básicos de las personas ya no debería estar cuestionado por nadie, sin que sirva de pretexto que la edificación a la que se pretenden llevar tenga tal o cual consideración urbanística. Somos capaces de mandar ayudas humanitarias internacionales para que se consiga agua para pueblos necesitados de ella y ni se nos ocurriría pedirles previamente un informe urbanístico, o negarla si el poblado está en zona inundable o a equis metros de tal infraestructura.

Hablamos de la realidad de personas de carne y hueso. Nos vamos a centrar en los casos en los que desde la normativa se invoca la inundabilidad o fenómenos similares que afectan a núcleos ya existentes. En muchos casos, y dados los distintos niveles de exigencia/tolerancia actual, nos encontramos con parcelaciones o zonas en las que unas viviendas tienen suministros de luz y/o agua y otras no. Son situaciones críticas e irrisorias, sobre todo en zonas inundables o similares. Hay personas con acceso a la luz, pero se les niega al vecino. Si el legislador no ve bien que en tales zonas se concedan suministros (como medio de protección y seguridad hacia las personas), no comprendemos cómo permite que existan estas situaciones tan contradictorias. Si no se da luz y agua porque el suelo es inundable, cómo puede permitirse que en esa misma zona haya viviendas con suministros, cuando el peligro es el mismo en ambas viviendas. Es más, suelen ser casas con mucha antigüedad, habitadas con o sin suministros, y a esas personas las tenemos empadronadas en esas viviendas.

Tanto contrasentido sólo indica que desde la clase política no se está actuando adecuadamente. Con un estudio positivo que evite casos que verdaderamente requieren un freno, el legislador debe abordar este asunto y aprovechar la nueva LOUA para hacer una ley que resuelva situaciones reales. Por ende, y aunque a veces nos lleve a contradicciones ideológicas, dar el paso de una vez y articular cuanto sea necesario para que en las parcelaciones o viviendas aisladas donde ya hay infraestructuras de electricidad y/o agua potable, se pueda autorizar el suministro si la vivienda reúne los mínimos de solidez, habitabilidad y salubridad. Y es que son edificaciones en uso donde los servicios se sustituyen a duras penas por generadores de electricidad a gasolina, costosas placas solares o garrafas de agua potable transportadas desde la fuente más cercana, escenarios que creíamos ya superados y más teniendo en cuenta que tales servicios están a pie de parcela por lo general.

Podrían establecerse sistemas de reconocimiento de responsabilidad del ciudadano en caso de que una supuesta inundación le genere daños. Dejarlo estar y prohibir suministros cuya infraestructura existe es, simplemente, aplicar la política del avestruz, mirar a otro lado para evitar hacer frente. Ante la propuesta que presento y ante las críticas facilonas que pueden hacerse por tocar un tema casi tabú para parte de la sociedad, ruego que la propuesta se enfoque desde un punto de vista de humanidad y dignidad, sin enjuiciar a los afectados.