Un pacto de rentas frente a la inflación

En mi anterior artículo me ocupaba de la inflación como el principal problema económico nacional por su efecto distorsionador en la economía. En las dos últimas semanas, si bien la inflación se ha reducido ligeramente, ha aumentado la inflación subyacente, y también la preocupación social por el continuado aumento de precios. Además, el BCE ha alarmado al subir el tipo de intervención en 0,75 puntos en previsión de las tendencias persistentes de elevada inflación a medio plazo, y ha anunciado probables subidas adicionales para los próximos meses.

Por estas razones, y teniendo en consideración las escasas armas en manos de los gobiernos para combatir la inflación, analistas e instituciones económicas independientes están demandando un pacto de rentas que, recordando el éxito de los Pactos de la Moncloa, ponga freno a la dinámica inflacionista, al malestar social y al riesgo de pérdida de competitividad de nuestra economía.

La elevada inflación se ha desencadenado por el encarecimiento del gas y el petróleo, un input imprescindible a corto plazo y que traslada los aumentos de precios a toda la economía. La elevada inflación se debe por tanto un shock externo que provoca una pérdida de renta en la economía española, por lo que es necesario que los distintos agentes económicos interioricen esa reducción de renta y acuerden un reparto razonable de su carga para evitar que se retroalimente la inflación en una espiral de precios y salarios.

En una economía de mercado la inflación no se puede controlar por decreto imponiendo topes de precios y rentas por doquier, pero si se pueden adoptar acuerdos sociales para moderar la inflación repartiendo la carga. Y este es el objetivo de un pacto de rentas: un acuerdo entre representantes de las empresas y los trabajadores que acuerde aumentos ponderados de salarios, beneficios, pensiones y transferencias públicas, y al que debe sumarse el gobierno para compartir las recomendaciones y aplicar las medidas fiscales que complemente los acuerdos de rentas. Un acuerdo complejo porque hay que coordinar intereses y circunstancias muy diversas, no solo por los distintos tipos de renta que se perciben, sino porque en cada colectivo pueden darse circunstancias asimétricas entre actividades productivas (por intensidad energética), entre empresas (por diferencias de productividad) o entre hogares (desigual vulnerabilidad).

La respuesta de los salarios al aumento de los precios ha sido de menor intensidad (un aumento interanual del 3,8% de los costes laborales en el segundo trimestre), por lo que, aunque siguen aumentando en los meses recientes, es razonable que los asalariados aspiren a recuperar algo más de su capacidad adquisitiva, pero no se puede pretender recuperar todo lo perdido por la inflación importada. Por su parte, las empresas están teniendo un comportamiento heterogéneo, pero en conjunto los márgenes empresariales se encuentran en un nivel inferior a 2019, por lo que también es comprensible una ponderada recuperación de los márgenes, para lo que se puede arbitrar una vigilancia de su evolución. También las rentas públicas -salarios y pensiones- deben participar solidariamente en la moderación ingresos, por lo que el papel y compromiso del Gobierno en su aplicación es imprescindible, como también lo es la participación de la oposición para que los acuerdos de rentas no se conviertan en un arma política electoralista.

La ministra de Economía ha manifestado en diversas ocasiones su disposición a convocar a los agentes sociales para un pacto de rentas, aunque excluyendo a las pensiones y manteniendo su indiciación con el IPC, posiblemente por el riesgo electoral que supondría limitar su aumento para 2023. El presidente del PP se ha puesto de perfil en una entrevista reciente: cree que es necesario subir los salarios, pero su cuantía la debe decidir la CEOE y los sindicatos, y en cuanto a la actualización de las pensiones están a la espera de lo que decida el Gobierno. Por su parte, tanto los sindicatos como la CEOE descartan la posibilidad de firmar un pacto este año. Los sindicatos alegan falta de tiempo y la prioridad de aprobar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, alegan que la CEOE nunca ha tenido voluntad de pacto y pronostican un otoño caliente, mientras que el presidente de la CEOE, que se someterá a reelección este otoño, no parece valorar oportuno participar en este tipo de pactos, después de su desgaste por apoyar la reforma del mercado de trabajo.

Este es el panorama desalentador de los agentes que deben decidir sobre un posible pacto de renta. El momento económico requiere instituciones con más altura de miras.