Tribuna

Pablo Antonio Fernández Sánchez

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

El mercadeo político de la inmigración

El mercadeo político de la inmigración El mercadeo político de la inmigración

El mercadeo político de la inmigración / rosell

El respeto de las fronteras está en el ADN del Derecho Internacional, que ya se contemplaba como principio fundamental en los albores de este ordenamiento, en el conocido régimen jurídico de Westfalia. Este principio se ha mantenido en el régimen que le sustituyó y que está aún vigente, el sistema naciente tras la Segunda Guerra Mundial. Por ello, cualquier tratado de fronteras, aun pudiendo ser bilateral, tiene efectos erga omnes. De esta forma, Ceuta, ciudad española desde 1640, tiene delimitadas sus fronteras, internacionalmente reconocidas, desde el Tratado de Paz de Tetuán de 26 de abril de 1860, firmado por el Sultanato de Marruecos (el entonces soberano territorial) y España. Cuando el actual Reino de Marruecos sucedió, en 1956, al sistema de protectorado (incompatible con el nuevo régimen nacido en la Carta de las Naciones Unidas), se obligó al respeto de las fronteras ya delimitadas.

El derecho de fronteras es especialmente delicado, por la vulnerabilidad política a la que se somete a los límites territoriales y por las gravísimas consecuencias que pueden suponer su violación. Hay toda una regulación jurídica muy controlada que no viene ahora al caso exponer. Esto quiere decir que los Estados vecinos, que se han reconocido y que disponen de tratados de amistad y buena vecindad, como lo son España y Marruecos, están obligados a cooperar para que las fronteras sean respetadas.

Además, los Estados tienen la obligación de velar, dentro de su territorio, por los intereses de los otros Estados. Esa es, entre otras, la causa por la que la Policía española está custodiando estos días la Embajada de Marruecos, en la C/ Serrano, de Madrid.

Es evidente que, en la actual crisis migratoria, Marruecos no ha cumplido con sus obligaciones internacionales, dejando de lado el control no sólo de sus puestos fronterizos, en la actualidad celosamente custodiados por la situación del Covid, sino de todo el recinto fronterizo. Ha sido particularmente visible la inacción de la fuerza pública marroquí para contener, no a los subsaharianos, sino a sus propios compatriotas que, desesperados, se han lanzado al mar para salvar los 200 metros que les separan de Ceuta. Incluso, tengo información directa de que la propia Policía marroquí ha alentado a los menores estudiantes en institutos de Secundaria para que cruzaran la frontera.

Tras el colapso de la frontera de Ceuta, por doble decisión del Gobierno marroquí (desviar las relaciones comerciales a otros puntos y establecer un cierre perimetral por el Covid), las poblaciones aledañas de Ceuta - sobre todo, la ciudad de Castillejos- han visto incrementadas sus penurias socioeconómicas, ante la pasividad del Estado.

Si a esta situación se le une que en las relaciones internacionales hay siempre tensiones, más aún, entre vecinos, siempre hay momentos oportunos para crear tensión. La propia embajadora de Marruecos en España, que ha sido llamada a consultas a Rabat, ha insinuado que la causa es la presencia del saharaui Ghali en un hospital de Logroño, que se ha tomado como un acto inamistoso y estos actos tienen consecuencias.

Puedo entender la dimensión política del asunto. Incluso, en España mismo se debería debatir este asunto en su Parlamento, no porque pudiera molestar o no a Marruecos, sino por los hechos vinculados a esta situación (pasaporte falso, nombre figurado, ausencia de la documentación administrativa requerida para el cruce de fronteras y falta de puesta a disposición de esta persona, investigada por la Audiencia Nacional).

Ahora bien, que Marruecos mercadee políticamente con sus propios nacionales, incluyendo menores, no hace más que alimentar el recelo de todos.

En Derecho Internacional, se pueden adoptar contramedidas cuando se ha cometido un acto antijurídico previo, que no es lo acontecido en este caso. Las contramedidas de carácter político deben ser de otra naturaleza, no jugando con la vida de miles de personas, que incluyen niños, e incluso bebés. ¿Podríamos imaginarnos que la Policía española dejara conscientemente que una turba de exaltados entrara en la Embajada de Marruecos en Madrid? ¿Cuáles serían las contramedidas de Marruecos?

Frente a estos hechos, hace falta, a partes iguales, firmeza y templanza. La firmeza viene dada no sólo por la presencia del presidente del Gobierno en Ceuta (que también), sino por la exigencia a la Unión Europea para que cumpla con sus obligaciones y defienda, desde la política y la diplomacia, la frontera exterior de Ceuta y exigir a nuestros embajadores en todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos, que expliquen el caso en todas las cancillerías y obtengan su solidaridad porque este mal precedente pudiera augurar la extensión de técnicas desestabilizadoras para la paz y seguridad internacionales.

La templanza viene por consensuar una política de Estado con todos los grupos políticos para no incendiar con discursos bárbaros y populistas, que sólo alimentan el odio, y por restablecer todos los canales diplomáticos que permitan desescalar las tensiones y explicar las situaciones, por muy contrarias que éstas sean.

Ambos Estados tenemos intereses fundamentales en juego. Marruecos, también, aunque haya en el reino quien crea que sostienen la sartén por el mango. El terrorismo yihadista también los mira con codicia. El descontento social es una fuente inagotable de inestabilidad.

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