Dice en un auto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que le produce un “natural estupor (…) que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos (...) pueda mantenerse ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso”, concreta el magistrado, señalando que es “un buen motivo para la reflexión”. Subrayo que estas aseveraciones se producen en un auto judicial, porque a mi juicio en ese hecho radica la gravedad de las mismas. Que el magistrado opine sobre la conveniencia de modificar el Reglamento del Congreso o cualquier otra norma con rango de Ley en una conferencia, ponencia u otra forma de expresión de sus opiniones políticas me parecería respetable, pero lo que no puede serlo en ningún caso es cuando esa opinión política se expresa en un auto, porque eso excede su competencia procesal de juez de instrucción.
Por eso, como ciudadano, me produce un enorme estupor que la eximia presidenta del Consejo General del Poder Judicial, la magistrada Perelló, no haya procedido de oficio a abrir un expediente disciplinario al magistrado Puente por excederse de sus funciones jurisdiccionales. Como también me produce un innegable estupor que la señora Perelló no haya censurado la innegable politización de la justicia cuando decenas de jueces y magistrados, adornados con sus togas para dejar constancia de su condición de miembros del Poder Judicial, se manifestaron públicamente para expresar su rechazo político ante el anuncio de un acuerdo sobre la amnistía que luego se convirtió en ley, declarada, por cierto, por el Tribunal Constitucional como acorde con nuestra carta magna. Estupor me produce que la magistrada Perelló califique de “inaceptables” las críticas de miembros del poder ejecutivo a ciertas resoluciones judiciales y guarde un clamoroso silencio ante las frecuentes críticas e incluso insultos de algunos jueces y magistrados contra el Gobierno.
Estupor me produce que en España se pueda procesar, juzgar y condenar a ciudadanos no en base a pruebas sino sobre presunciones del tipo “no cabe imaginar que no supieran nada”, como en el caso de los ERE, o a partir de “imaginaciones creativas” como el bulo de Miguel Ángel Rodríguez que dan pie al procesamiento del Fiscal General del Estado en contra del testimonio de hasta siete periodistas, o se pueda procesar en instrucciones más que discutibles y claramente politizadas a familiares del Presidente del Gobierno aparentemente por el mero hecho de serlo. El mismo estupor que me genera asistir al desgraciadamente habitual escándalo de las “filtraciones” intencionadas cuando no manipuladas de informes de la UCO sin que nadie las investigue ni deduzca acciones judiciales por revelación de secreto.
Estupefacto estoy porque cada día se leen y escuchan opiniones tan insustanciales como denunciar la “politización” de la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía –como si la “política” sanitaria no existiera– o tan hipócritas como las del Consejero de Justicia de Andalucía que adelanta ya “desde el conocimiento del funcionamiento de la justicia” que las demandas o querellas por el caso de los cribados del cáncer de mama no van a tener buen fin, amén de atribuirles alguna finalidad espuria con claro desprecio hacia las víctimas y sus familias.
Algo más que estupor, honda preocupación es lo que siento ante esta galopante pérdida del respeto a la justicia, patrocinada y motivada por la suma de actuaciones y pronunciamientos que están provocando algunos de entre quienes estarían llamados a cuidar de ella, por la creciente desconfianza ciudadana en la justicia. Estupor, en fin, es lo que manifiesto ante el peligro real para nuestro sistema democrático que implica que el único de los tres poderes del Estado que no emana de la soberanía del pueblo español pretenda situarse por encima de los otros dos y sin rendir cuentas ante nadie. Porque el Consejo General del Poder Judicial cuyo origen es mayoritariamente endogámico y sólo parcialmente de extracción parlamentaria –amenazada siempre por la derecha política y judicial– no responde ante nadie. El poder de un juez es inmenso, porque es el único que puede privarnos de la libertad, y por eso su independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad no deberían de estar en cuestión por la actuación de algunos pocos.
