El accidentalismo del PSOE

La polémica generada en torno a la propuesta de creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el uso de las denominadas tarjetas black por el Rey emérito y algunos miembros de su familia, así como el voto en contra del PSOE, me parece un buen motivo para reflexionar sobre la cuestión de fondo que late tras esa posición política. Me refiero, naturalmente, a la monarquía parlamentaria y a la vigencia de la forma constitucional del Estado.

Vaya por delante que en el terreno intelectual me parece preferible la forma republicana de Estado que la monárquica: que el poder se herede como un piso o unas acciones en bolsa solivianta mi convicción demócrata. Lo que sucede es que éste es un tema que va mucho más allá de lo académico y del mero terreno de los conceptos: estamos hablando de Política con mayúsculas. En todo este asunto, y como sucedió con la convocatoria unilateral e ilegal de un supuesto referéndum de autodeterminación en Cataluña, quienes propugnan alimentar y/o abrir el debate sobre monarquía o república, en realidad son muy conscientes de que - con los datos del CIS en la mano - hoy por hoy no hay mimbres para hacer verosímil la llegada del régimen republicano en España. Lo que en realidad pretenden, especialmente Unidas Podemos, es alimentar a gran parte de su propio electorado, contener la fuga de votos hacia el PSOE con la acusación de cómplice de la derecha, y desviar el debate político y mediático hacia territorios más favorables a su postura que los de la recuperación económica y social de nuestro país, en los que sus propuestas suelen ser o poco viables o sencillamente demagógicas: es mucho más fácil hacer creer que todos nuestros problemas se arreglarán con la república que intentar hacerlo día a día, con tenacidad y firmeza.

Lo que pretendo argumentar es que la posición del PSOE no es fruto de una coyuntura concreta ni de la conveniencia electoral, sino que responde a un accidentalismo respecto a la forma de Estado que es parte de su propia historia como partido y que se asienta en consideraciones políticas muy respetables. Desde su fundación por Pablo Iglesias -el bueno, diría yo- el Partido Socialista se ha venido definiendo por su defensa de los trabajadores, su ansia de libertad, y su pasión por la igualdad, sin que esas metas se concretaran en una u otra forma de estado. De hecho, durante años, los discursos del propio Iglesias y otros diputados socialistas en las Cortes no se refirieron sustancialmente a la monarquía ni a la reivindicación de la república, dada la desconfianza que les inspiraban los partidos republicanos a los que se tildaba de burgueses. Santos Juliá ha aludido a la "posición instrumental" del PSOE respecto a la Monarquía, y ha dicho que ambos se han encontrado en un terreno que "no es el propio del socialismo ni tampoco el de la Monarquía".

La forma de Estado, pues, resultaría indiferente siempre que sean respetadas algunas exigencias implícitas como el respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes, el asentamiento de un sistema parlamentario basado en el sufragio universal, libre, directo y secreto, la libertad sindical y el sometimiento de todos por igual a la ley. Todo ello, muy en contra de quienes intentan identificar república con izquierdas, en un juego dialéctico que se desmonta muy sencillamente acudiendo a la propia historia, llena de republicanos muy conservadores y de partidos de derechas frontalmente antimonárquicos: en virtud de qué mágico artificio se podría garantizar que una hipotética república española hiciera siempre políticas de izquierdas? Evidentemente, la línea entre derecha e izquierda no la marca la forma de Estado, sino las políticas que se hagan y los principios y valores que las inspiren.

Todo lo dicho no puede servir para amparar formas corruptas de ejercer la Jefatura del Estado, ni para ignorar la necesidad de llevar a cabo modificaciones legislativas que obliguen a dar explicaciones ante la representación de la soberanía popular que la democracia parlamentaria exige, así como de eliminar los ángulos muertos en la transparencia y rectitud pública que existen aún tanto en la monarquía como en algunas otras instituciones del Estado. Son tareas posibles, deseables y hasta necesarias, que el Gobierno debería acometer con diligencia, pero que no deben ni pueden ser aprovechadas para cálculos electoralistas de mirada corta por quienes, desde su fundación hasta ahora, se han definido a sí mismos por su objetivo de destruir el llamado "régimen del 78". Ésa es su batalla, no la nuestra.