Riesgos de un virus oriental

Además de socavar la salud humana, el coronavirus 2019 podría también cercenar ciertos derechos humanos. Si una catástrofe natural o una pandemia amenaza la salud de la población, el gobierno puede habilitar un marco legal, el estado de alarma, y centralizar los mecanismos institucionales de protección. En ese periodo limitado puede requisar bienes, servicios e instalaciones, y adoptar medidas que en la anterior normalidad hubieran supuesto la conculcación de derechos básicos. Algunos países han introducido una novedosa fórmula de vigilancia biopolítica: China utiliza drones, cámaras de reconocimiento facial y tecnología de código de respuesta rápida para monitorizar los movimientos de sus ciudadanos. Corea del Sur o Singapur extraen datos de posición del sistema de redes de telefonía móvil, información de tarjetas de crédito e imágenes de video para seguir la movilidad de sus gentes. Si bien estos métodos son eficaces para contener los contagios y reducir la incidencia de la infección, nada se sabe del almacenamiento de sus datos, o de si tales procedimientos seguirán utilizándose tras la amenaza. Que se adopten medidas excepcionales para situaciones excepcionales puede que esté eventualmente justificado. Lo problemático surge cuando un gobierno, frente a la posibilidad de nuevos brotes, decide prorrogar ese estado de alarma o normalizar medidas excepcionales, antes que aplicar las lecciones que los profesionales han aprendido al golpe de la primera oleada: facilitar diagnósticos rápidos mediante pruebas de PCR para el virus a todo aquel que presente manifestaciones clínicas, con la correspondiente identificación de contactos, y comunicar sin ambages la necesidad de usar mascarilla.

En la normalidad que se avecina pueden latir reformas dudosas, como las que ya practican los mencionados países orientales, donde se han legalizado esas tecnologías de rastreo para vigilar personas so pretexto de predecir comportamientos de riesgo. Otro peligro que se cierne sobre la extraña normalidad es el miedo que genera vivir bajo amenaza constante, que más que llevar a "encontrar el sentido de ser", como ha dicho el ministro Manuel Castells, inclina a buscar el sentido de seguridad que ofrecen las autoridades, a cambio de renunciar a libertades elementales y, en consecuencia, a la ética del debate democrático. El miedo busca la supervivencia, no la libertad ni la prosperidad. Algunos reguladores de salud, centros de investigación y proveedores de atención médica ya utilizan datos personales. Si las tecnologías de rastreo son eficaces en la investigación sanitaria -mitigando conductas de riesgo, previniendo enfermedades, siguiendo pacientes en tratamiento o en monitorización epidemiológica-, también lo son para la vigilancia omnímoda. Los ciudadanos no deberían ignorar que la recogida masiva de datos contiene la semilla que convierte sutilmente la vigilancia de problemas sanitarios en vigilancia de personas. Nada indica que las democracias liberales estén inmunizadas contra la capacidad de sus Estados para custodiar información sensible sobre estilos de vida o elecciones personales y sociales.

La buena noticia es que las grandes crisis sociales han condicionado también formas positivas de reconstrucción del bien común y de derechos fundamentales. La ayuda que las mujeres ofrecieron durante la Gran Guerra llevó a que estas extendieran su derecho de sufragio. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa repensó sus sistemas sanitarios y vivió una edad de oro con la aparición masiva de antibióticos, vacunas, innovaciones en cirugía y en anestesia o con la cobertura sanitaria universal. Hoy el sistema atraviesa una edad de expectativas incumplidas y poco realista, demostrando escasa solidez o, más bien, ofreciendo sensación de burbuja durante esta crisis. No obstante, sabemos que los sistemas sanitarios representan menor peso en la promoción de la salud que la educación, la higiene, los hábitos dietéticos o la vivienda. Así, si el debate de la reconstrucción eludiera derechos fundamentales erraría el tiro al blanco de las garantías sanitarias. Bajo el sintagma "nueva normalidad", las formas de producir, circular o gobernar que se propongan no deberían cercenar derechos y libertades elementales. Si se adoptan políticas sanitarias de monitorización ciudadana estas deberán ser proporcionales a las necesidades de salud pública, transparentes, y reguladas por organismos independientes con capacidad de garantizar el consejo ético y el respeto a esos derechos fundamentales. Y por cierto, si menos de trescientas mil muertes por Covid-19 han elevado la salud a rango de problema político mundial, ¿no cabría esperar la misma resolución contra los cinco millones de niños que cada año mueren por desnutrición?