Tribuna

Emilio Jesús Rodríguez

Abogado

Políticos Togados

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Políticos Togados

En la naturaleza, si sabemos mirar con ojos escrutadores: sin prejuicios ni lastres invisibles, encontramos continuamente referencias y ejemplos. Un apicultor estadounidense, Michael Housel, observando unas colmenas salvajes, reparó en el hipnótico y perfecto orden geométrico en el que las abejas construían sus panales y le pareció susceptible de ser replicado. El deslumbrante trabajo no se dirige a la consecución de un mero fin estético, sino que esas armónicas formas hexagonales obedecen a un criterio de optimización de los recursos, que, unido al impecable reparto de trabajo entre todos los miembros que integran la colmena, permite la supervivencia de esta y de quienes la habitan. Hoy, en apicultura se habla de la "Posición Housel", un modelo total de construcción de panales que el ser humano ha tomado prestado.

Nuestros estados democráticos occidentales soportan la viabilidad de su estructura en el orden -imprescindible en cualquier organización-, pero también cimentándola en la armonía y el equilibrio como elementos sustentadores.

Uno de los pilares que sostienen el edificio democrático es el poder judicial, que es algo más que, simplemente, el conjunto de los jueces. El juez no es un ser seráfico, espiritual o metafísico, sino una persona, con criterio, creencias e ideología, que accede a su cargo a través de un riguroso proceso selectivo basado en el mérito y la capacidad. Pero, como servidor del Estado, le exigimos, por la naturaleza de su función cardinal, imparcialidad, neutralidad y prudencia, y que sitúe a la ley presidiendo todas sus actuaciones profesionales. El juez, como decía Montesquieu, es "la boca que pronuncia las palabras de la Ley". Por algo, el artículo 127 de nuestra Constitución impide al juez, mientras está en activo, pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Recordemos que, para Max Weber, las decisiones judiciales no dependen de apreciaciones valorativas de índole ética, sentimental o política.

Por el contrario, a los otros poderes estatales no se les pide lo que se demanda al judicial, especialmente en lo concerniente a la imparcialidad. Estos proceden del ejercicio democrático, que determina el sujeto del poder político, puesto que el mismo le es otorgado por la ciudadanía a sus representantes atendiendo al trazado constitucional, porque el político, por esencia, es partidario. Mas, un mal extendido en algunas democracias como la nuestra es la deriva hacia la partitocracia, que hace pivotar el poder hacia una indeseable concentración, urdiéndose, a veces, acuerdos propiciadores de un poder trasversal perturbador de la posibilidad de control recíproco, lo que asesta un letal golpe al principio de división de poderes. Muestra de ello es la designación por los partidos políticos de quienes integran los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

En la dialéctica entre poderes, el poder judicial es frágil. Es archiconocida la opinión de Alexander Hamilton, uno de los redactores de la Constitución de Estados Unidos, que lo calificaba como el poder más débil. No contribuyen a su solidez y fortaleza aquellos integrantes de la función jurisdiccional que, deslumbrados por el ejercicio del poder político, colaboran con él sin resistirse a vestir la camiseta partidaria: los "políticos togados", expresión afortunada, a nuestro juicio, que tomamos prestada por su atinada precisión.

La recalada a la tierra de la honda convicción profesional del juez se alcanza tras una fatigosa navegación a barlovento, impulsada por un vigoroso viento vocacional. Pero, para algunos jueces, los cantos de las sirenas del poder político parecen invencibles, y abandonan jovialmente y, aparentemente sin mirar atrás, su ejercicio jurisdiccional para lanzarse a la arena de la política y engrosar las filas de los disciplinados representantes públicos, olvidando el solitario y callado trabajo del juzgador y asumiendo, desde el primer momento, dictados y pautas nacidas en los entresijos de las organizaciones políticas, quizás porque allí hallan una vocación más crecida e intensa que la original. ¿Carrera de ida y vuelta? Permítasenos recelar de las consecuencias de ese trayecto. Es difícil, como ciudadano de a pie, enfrentar la mirada del juez político que regresa a su tarea jurisdiccional y seguir contemplando en ella el brillo de la imparcialidad y la neutralidad.

No es mal ejemplo para la arquitectura del Estado de Derecho el de las abejas, que en su minucioso orden espacial y funcional no dejan espacio a la confusión.

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