Tribuna

nuevo diagnóstico de andalucía

Javier Aristu, Joan Corominas, Carlos Gentil, Manuel Pérez Yruela y Antonio J. Sánchez.

Oportunidad para un cambio necesario

Oportunidad para un cambio necesario Oportunidad para un cambio necesario

Oportunidad para un cambio necesario

A las puertas del comienzo de curso estamos viendo cómo muestro sistema educativo sigue desbordado por la crisis sanitaria del Covid-19. Esto se debe en gran medida a que nuestro sistema educativo se ha construido sobre recursos insuficientes, y a que su modelo educativo (que atiende a 1,8 millones de alumnos no universitarios) es obsoleto. La situación es lo suficientemente grave para que dé lugar a una reflexión rigurosa sobre la reforma que necesita nuestro sistema educativo, si de verdad creemos en la educación como motor de cambio, igualdad y progreso de la sociedad andaluza en el complejo contexto del S. XXI.

Es un sistema educativo basado en un modelo centrado en la transmisión de saberes, con ritmos estandarizados de aprendizajes, que tiene como eje central al profesor como fuente del conocimiento. Cuenta con unas instalaciones reducidas, fijas y poco flexibles, unos equipamientos técnicos insuficientes y/o infrautilizados, y unos recursos humanos mínimos: un maestro para cada grupo de alumnos/as y, en el caso de Secundaria, el equivalente a dos profesores por grupo de alumnos/as. Una parte de esta situación se debe a su escasa financiación: en 2017 el gasto público por alumno no universitario en centros públicos fue de 5.079 euros (5.779 de la media nacional o 9.298 del sistema vasco).

Además, en nuestra escuela no se presta la atención adecuada al impacto en el rendimiento escolar de la brecha educativa producida por el desempleo, la pobreza, la desigualdad social y la discapacidad, que afectan a una parte importante de andaluces: el índice de pobreza o exclusión social es el 37,7%, 12,4 puntos más que la media española; la proporción de hogares con todos sus miembros en paro es el 12,59%, 5,6 puntos más que la media nacional; hay 25.571 discapacitados menores de 15 años. Cuando se cerraron los colegios no se tuvo en cuenta que los centros escolares son una fuente importante de recursos para paliar los problemas anteriores: bibliotecas, espacios para tutorización y apoyo en grupos reducidos, espacios wifi garantizados y materiales tecnológicos para apoyar al alumnado con mayor necesidad de la escuela. Tampoco se tuvo en cuenta que a los profesores había que ayudarles ofreciéndoles formación para la actividad virtual. Esto obligó a que muchos profesores trabajaran a destajo sin apoyos para realizar su trabajo a la altura que la situación demandaba. Así, la escuela en estos últimos meses ha ampliado la brecha educativa de un número considerable del alumnado, entre el 10 y el 15 % del total.

Terminado el estado de alarma, los problemas siguen y la escuela seguirá sin poder dar la talla. Nuestra Administración autonómica está generando instrucciones y decálogos de difícil cobertura legal y no pocas contradicciones. Intenta lo imposible al querer cumplir con la normativa sanitaria manteniendo las condiciones de ratio y organización del modelo vigente ya obsoleto: aulas y espacios comunes pequeños y recursos humanos insuficientes que no permiten mantener las distancia de seguridad necesaria ni, por tanto, una "vuelta al cole segura". Tampoco da muestras de que se vaya a poder compatibilizar con garantía la actividad presencial y la virtual, para lo que es más que obligatorio que estuviéramos preparados. La incertidumbre del alcance del rebrote del Covid obliga a diseñar varios escenarios flexibles de escolarización y de conciliación de la vida laboral y familiar de los padres.

Esto ha provocado una amplia ola de actuaciones de docentes, directivos, Ampas, Ayuntamientos y hasta del propio Defensor del Pueblo, para exigir explicaciones, definiciones y un nivel de concreción que dé tranquilidad y respuestas a la inseguridad que sienten y que dificulta gravemente un comienzo de curso adecuado.

La pandemia nos ha enfrentado a la realidad de las debilidades de nuestros servicios públicos esenciales, entre ellos, la educación. Habría que aprovechar esta oportunidad para empezar a resolverlas. Esto requerirá de un debate social que acabe en una reforma lo más consensuada posible. Desde nuestro punto de vista, esa reforma debe dirigirse a que nuestro modelo educativo generalice lo que ya vienen haciendo algunos centros: el fomento de la creatividad; de la autonomía y la capacidad para acceder al conocimiento; de aprender a aplicarlo para intervenir sobre el entorno local y global; del trabajo en equipo; del uso generalizado de las oportunidades que ofrece la digitalización para el aprendizaje y acceso al conocimiento presencial y virtual; del cambio en el papel del profesorado, ligándolo más a todo lo anterior. La reforma también debe dirigirse a repensar las ratio, el uso de los espacios, el tiempo escolar, el ambiente de aprendizaje y, muy en especial, la formación del profesorado. En Andalucía es muy necesario, además, prestar mayor atención, a la reducción de la brecha educativa producida por las desigualdades sociales, para que la reiterada promesa de que "nadie se quede atrás" no sea un brindis al sol más. Finalmente, sin el aumento suficiente de la financiación no será posible avanzar en la educación que necesitamos. Mejorar nuestro sistema educativo es una necesidad urgente.

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