Degeneración democrática

Acomienzos de la actual década, cuando los efectos de la crisis económica se extienden en la sociedad y emergen múltiples casos de corrupción, se hace patente una crisis institucional que se muestra en la desconfianza de los ciudadanos con los políticos y los partidos a los que sitúan entre los principales problemas del país. Una crisis derivada de la degeneración de la democracia en partidocracia. Un sistema que reduce el juego democrático a la lucha por el poder entre partidos regidos por camarillas que concentran el poder por su capacidad de decidir sobre las listas electorales, puestos en los gobiernos y administraciones públicas, y en muchos otros ámbitos (empresas públicas, agencias, televisiones públicas, órganos judiciales, organismos de supervisión y control, o cajas de ahorro) a cambio de fidelidad.

La insatisfacción con el deterioro económico e institucional propició el surgimiento de movimientos políticos como el 15-M, que cristalizarían con el tiempo en Podemos y otras organizaciones cercanas, que partiendo del malestar provocado por la crisis económica asignarían a los protagonistas del sistema político -"la casta"- la responsabilidad de la crisis, la corrupción y el deterioro de la situación de los sectores más débiles de la sociedad.

La otra respuesta al descontento político de sectores más moderados de la sociedad y con la preocupación por la influencia desmesurada de los partidos nacionalistas y el ascenso del independentismo son los casos de UPyd y, posteriormente, de Ciudadanos, que enarboló la bandera de la "regeneración democrática" como una de sus razones de ser.

Con la incorporación y ascenso de estas dos fuerzas al panorama político los dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE) fueron perdiendo peso y se decretó el fin del bipartidismo. Pero el convulso último año político no sólo ha frenado esa tendencia, sino que ha puesto de manifiesto las limitaciones de Podemos una vez que la recuperación económica ha paliado el malestar sobre el que creció, se han ido poniendo de manifiesto sus limitaciones programáticas, descubriendo que los intereses personales no son exclusivos de la casta y que su interés por el poder se ha ido relevando como su objetivo prioritario.

La deriva de Ciudadanos ha sido más reciente, pues hasta la primavera del año pasado su combate se situaba principalmente en el mundo de las ideas y propuestas políticas, mostrando con acuerdos programáticos y de gobierno con el PP y con el PSOE su contribución a la gobernabilidad, e imponiendo concesiones reformistas a estos partidos. Sin embrago, hace un año, la gran jugada de la moción de censura de Pedro Sánchez fue un golpe tan imprevisto que dejó noqueado a Albert Rivera y puso de manifiesto sus limitaciones personales y programáticas, pero con la capacidad de arrastrar a su partido al lodazal de la lucha por el poder sin reparar en las señas de identidad.

Con este panorama, y la incorporación de Vox, llevamos conviviendo muchos meses de campañas electorales. Un tiempo en el que los políticos han ocupado la escena mediática, no proponiendo y debatiendo proyectos estratégicos ni abordando reformas, sino tratando de lograr nuestra adhesión en su lucha por el poder. Una lucha que ha tenido su manifestación más descarnada en el último mes en el que hemos contemplado el espectáculo de las negociaciones y de una gran diversidad de acuerdos, en los que el mayor signo de coherencia de los partidos políticos ha sido el interés por ocupar las mayores parcelas posibles del poder municipal y autonómico.

Ahora queda el desenlace final de los posibles acuerdos para la formación del Gobierno de la nación, para lo que existen precios y vetos en múltiples direcciones, y parece olvidarse que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes para que gestionen los asuntos colectivos, para lo que, si bien es lógico que debatan y se enfrenten en los desacuerdos, lo realmente importante es que colaboren en su gobernanza. Para ello sería razonable que se facilitase la formación de Gobierno al partido o coalición con mayores apoyos en el Parlamento, y en el curso de su gobierno habrá ocasión para negociar leyes, programas o acciones de gobierno con apoyos variables, y también para impedir iniciativas gubernamentales que afecten a principios fundamentales.

Pero ahora la limitación sigue siendo la misma que hace algunos años cuando se demandaba regeneración democrática: los intereses de los partidos tienen prioridad frente a los intereses de los ciudadanos. La alternativa a la partidocracia no es fácil, pero pasa por un nuevo sistema electoral en el que se elija a personas en lugar de a partidos, órganos de control y supervisión formado por profesionales independientes y mayor relevancia de instituciones independientes de la sociedad civil.