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Tribuna

José María Rueda Gómez

Miembro del Comité Federal del PSOE

Constitucionalista

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Constitucionalista / rosell

Ser constitucionalista en España debería ser algo normal, habitual y cotidiano. Inherente a la cualidad de español, sin necesidad de proclamaciones, exaltaciones, autojustificaciones, ni mucho menos excluyentes golpes de pecho. Pero como parece que no lo es, o alguien tiene interés en que no lo sea, y además se ha puesto muy barato el autocalificarse, así sin más, de "constitucionalista", considero acertado un breve recordatorio de principios y preceptos constitucionales, por si su repaso hace que alguien reconsidere su fervor constitucionalista, o al menos lo module, y desde luego, se rebajen determinadas inflamaciones dialécticas, sin ningún contenido cierto.

Yo soy constitucionalista, sin necesidad de gritarlo, porque nuestro Estado social y democrático de derecho propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y sobre todo, el pluralismo político. Y al respecto de este último, la Constitución señala que los partidos que lo encauzan y lo expresan, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política, siendo libres su creación y el ejercicio de su actividad, dentro del respeto a la propia constitución y a la ley. Por tanto, si han superado todos los filtros y requisitos legales para concurrir a los procesos electorales, y al margen de sus propuestas ideológicas, son susceptibles de coadyuvar a la conformación de alianzas o mayorías parlamentarias. Sin discusión.

Además, porque junto a lo anterior, sólo las asociaciones que persigan fines o usen medios tipificados como delito son ilegales, y solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada. Y además, todos los ciudadanos tienen el derecho a participar de los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Por si eso fuera poco, y alguno de los ciudadanos referidos hubiera sido sancionado o condenado en el pasado, la Constitución deja bien claro que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la la reinserción social plena. Y como principio supremo e indiscutible, los poderes públicos han de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y además, han de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Asumir orgullosamente esos principios es ser constitucionalista. No parece que lo sea, ponerlos en discusión a la hora de hacer política en España.

También soy constitucionalista porque todos y todas (yo también) contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a nuestra capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, igualitario y progresivo que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Y porque el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos. Lo que puesto en relación con los principios de justicia y solidaridad, y con la afirmación de que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad está subordinada al interés general, permitirá el reparto equilibrado de beneficios y cargas económicas, y la prevalencia del interés de las personas más desfavorecidas (aunque no griten su constitucionalismo) en detrimento del interés de las personas más favorecidas (por mucho que éstas si pudieran gritarlo). Para que no quepa ninguna duda al respecto, la Constitución reconoce, además, la iniciativa pública en la actividad económica.

Por último, también soy constitucionalista sin alharacas, porque la actividad de los órganos de las comunidades autónomas y nacionalidades está sujeta a diversos controles, el del Tribunal Constitucional, el del Gobierno, el de la Jurisdicción y el del Tribunal de cuentas. Es decir, llegado el caso, nuestro constitucional reparto del poder territorial ofrece garantías más que suficientes de cumplimiento. Por cierto, un reparto del poder territorial que admite lecturas más o menos descentralizadoras, y esquemas más tendentes a la federalización y otros menos. Todos ellos constitucionales. Ninguno más que el otro. Ninguno más legitimo que otro. Sólo que, si nos quitamos determinadas vendas de los ojos, resulta obvio para quien esto suscribe, que uno mucho más oportuno y adecuado para resolver problemas que otro, y hablo del esquema federal. Y porque me declaro constitucionalista federal, considero que la Constitución contiene, además, un artículo impecablemente federal, el 155, que justamente por eso, ha de servir de aplicación cuando las circunstancias lo exijan. Y no de espantajo que se agita a conveniencia.

Hacer esto último es, en mi opinión, ser escasamente constitucionalista, aunque sea legítimo políticamente. Colgarse de la Constitución o de alguno de sus artículos, como si fuera un trapo, ignorando el sentido de sus preceptos, también lo es. Utilizar la Constitución o alguno de sus artículos como coartada o pretexto para amparar posiciones políticas es la peor manera de defenderla. Aunque, como ya he dicho al principio, últimamente se ha puesto muy barato autoproclamarse "constitucionalista", tan barato que hay quien sin leerla ni comprenderla, se permite señalar los límites de su defensa. Para autosituarse dentro y situar fuera a quien en cada momento interese. No es un buen camino. Quienes lo transitan acreditan escaso constitucionalismo.

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