Consecuencias económicas de los pactos políticos

La economía española viene creciendo significativamente menos que la Unión Europea desde el año 2008 (25º país en crecimiento del PIB de los 27), limitada por el bajo aumento de la productividad, factor determinante del crecimiento a largo plazo. En 2020 sufrió la contracción más intensa por la pandemia de los países europeos, recuperándose desde entonces con tasas de aumentos del PIB superiores a la media europea. Esta recuperación, que se ha magnificado desde el Gobierno, se basó inicialmente en el efecto rebote tras la crisis, y posteriormente en la mejora de competitividad por el menor crecimiento de los salarios y de la inflación que nuestro entorno europeo, y en un marco sin las restricciones de las reglas fiscales y con facilidades financieras. Sin embargo, desde el verano se viene observando una clara desaceleración, que todos los pronósticos apuntan a que se acentuará en 2024, aunque no se prevé una recesión.

La referida divergencia con nuestros socios europeos y las perspectivas de desaceleración económica deberían determinar que la prioridad política del nuevo Gobierno fuese recuperar una dinámica de crecimiento que permita converger con Europa y aumentar el empleo y el bienestar, lo que requiere una estrategia de crecimiento que incentive el aumento de la productividad y de la inversión empresarial. Pero las prioridades de una política económica de desarrollo económico habrán de ser conjugadas con los compromisos derivados de los acuerdos exigidos por los partidos que han apoyado la investidura.

El acuerdo más significativo con Esquerra Republicana fue la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (15.000 millones), lo que se prevé generalizar a las demás CCAA de régimen común. Pero este reparto sería injusto porque el nivel de deuda pública de Cataluña es el más elevado entre las CCAA, por lo que lo razonable sería un reparto en relación a la población, lo que supondría un coste total para el Estado de 88.000 millones de euros. El coste de este acuerdo no solo elevaría la deuda pública en más de un 5%, sino que generaría un incentivo perverso a la gestión presupuestaria autonómica, pues al no estar condicionada la condonación de la deuda invita a que las CCAA gasten más de lo ingresan.

Mucho más trascendente sería la cesión del 100% del IRPF, del IVA y de los Impuestos Especiales a Cataluña. Hasta ahora solo es una exigencia de Junts, pero el PSOE acordó iniciar una negociación bilateral de la financiación para Cataluña, por lo que, dados los precedentes y la necesidad de apoyos para gobernar, no sería extraño que el Gobierno terminase aceptando un modelo de financiación para Cataluña más parecido al régimen foral vasco que al régimen común, lo que limitaría la capacidad de la Hacienda Pública para las políticas de Estado, singularmente para la redistribución territorial y personal de la renta. A estas iniciativas deben sumarse una larga lista de compromisos de inversión territorial con los partidos firmantes, como inversiones en las infraestructuras de Rodalies, los Mossos d’Esquadra, administración de Justicia e investigación en Cataluña; inversiones en autopistas y modernización integral de la red ferroviaria gallega y otras inversiones en Canarias. Además de lo anterior, los compromisos con Sumar (sanidad, vivienda, educación, pensiones) exigirán aumentos del gasto público que inevitablemente aumentarán el déficit y la deuda pública en un contexto de recuperación de las reglas fiscales europeas, y cuando esta misma semana la Comisión Europea ha advertido al nuevo Gobierno de que España afrontará una situación fiscal “muy difícil” en 2024, con un déficit por encima del límite del 3% y una deuda “bastante elevada”, por lo que es necesario que España establezca una estrategia fiscal “creíble”.

Y a estas medidas pactadas en los acuerdos de investidura, que obligarán a aumentos del gasto público, se suman otras con trascendencia económica a las que se tendrán que enfrentar las empresas, como la reducción de la jornada laboral manteniendo los salarios, el aumento del salario mínimo interprofesional, los permisos remunerados para la conciliación familiar, la ampliación por nacimientos o el endurecimiento de las condiciones de despido, que afectarán a la capacidad competitiva de muchas empresas y al empleo.

De lo anteriormente expuesto se deriva la dificultad de implementar una política de desarrollo y convergencia con la diversidad de intereses y compromisos de los acuerdos de investidura, singularmente porque el deterioro de las instituciones democráticas, la inseguridad jurídica y el clima de tensión política y social no conforman el mejor entorno para el imprescindible aumento de la inversión empresarial.