La Comisión Europea nos llama la atención

En un tiempo en el que los partidos políticos españoles sólo están interesados en el número de votos y escaños que tendrán en las próximas elecciones, la Comisión Europea presentó la semana pasada el informe del llamado semestre europeo, en el que se analiza la evolución de la economía española y la política económica aplicada, ésta última a la luz de tres objetivos: ofrecer inversiones de alta calidad, concentrar los esfuerzos de reforma en el crecimiento de la productividad, la inclusión y la calidad institucional, y garantizar la estabilidad macroeconómica y de las finanzas públicas.

El informe valora positivamente el crecimiento español de los últimos cinco años, pero, teniendo en cuenta los estragos de la crisis, el balance desde 2009 es de una década perdida. También valora positivamente el crecimiento del último año, pero estima que el avance en las reformas ha sido escaso al estar muy afectado por el cambio de Gobierno y la convocatoria de elecciones generales.

Por tanto, aunque se haya recuperado el nivel de PIB previo a la crisis, el informe llama la atención sobre los "desafíos importantes" a los que tiene que enfrentarse España, pudiendo distinguirse entre los de carácter social y los económicos. Entre los primeros, el gran problema de España es el paro estructural, una alta tasa de desempleo incluso en las fases de expansión, que sigue siendo la más elevada de Europa tras Grecia, sin haberse recuperado el nivel de empleo anterior a la crisis. Junto al bajo nivel de ocupación y la elevada tasa de paro, otras características del mercado del trabajo, como el desproporcionado peso de los contratos laborales temporales y las barreras a la movilidad laboral, están en la base de algunas de las lacras que ha dejado la Gran Recesión, como el aumento de la desigualdad y de la población en riesgo de pobreza. En relación con las políticas para combatir estos problemas, el informe hace alusión a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, y señala que podría ayudar a reducir el número de trabajadores que viven en la pobreza, pero también puede tener efectos adversos sobre los jóvenes con baja cualificación, lo que puede ser más significativo en regiones como Andalucía, con un elevado peso de actividades en las que predomina el empleo poco cualificado.

Los desafíos económicos provienen de los desequilibrios financieros y de las limitaciones competitivas. En relación con los primeros, el informe señala que si bien se ha reducido la deuda, sus niveles siguen siendo muy elevados, especialmente la deuda pública y la externa, lo que preocupa en un contexto de elevado desempleo y tendencia a la desaceleración, que pueden poner a la economía española ante una situación de vulnerabilidad. El déficit público no termina de ajustarse, tanto por la tensión al alza del gasto público como por la insuficiencia del sistema impositivo para atender los gastos, lo que evidencia la necesidad de una reforma fiscal consistente.

En cuanto a los desequilibrios financieros, llama la atención sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones por las desviaciones respecto a la reforma de 2013, al fijarse la revalorización de las pensiones para 2018 y 2019 con el aumento del coste de la vida, y las pretensiones de restablecer este vínculo hacia el futuro sin adoptar otras medidas compensatorias.

Finalmente, destaca la escasa tensión reformista de los gobiernos para aumentar el crecimiento potencial, y resalta que persisten los desafíos en investigación, innovación y regulación empresarial, así como la necesidad de más inversión en la digitalización de las empresas y de los servicios públicos.

Así por tanto, frente al crispado debate político de nuestro país, la Comisión Europea hace un seguimiento de la economía y la política económica española que debe valorarse por su ponderación y rigor. Si bien la mayoría de los españoles valora de forma positiva nuestra participación en las instituciones europeas, su europeísmo ha venido motivado por reconocernos europeos de pleno derecho después de tantos años de postergación de la Europa más desarrollada y democrática, y porque se sobrevalora la recepción de fondos europeos. Sin embargo, lo más trascendente que hemos recibido de Europa es su acervo normativo e institucional; es decir, las normas, procedimientos e instituciones que han modernizado nuestro país, y que sin el condicionamiento y estímulo comunitario hubiese sido extraordinariamente costoso implantar. También, informes como el comentado son una aportación europea a la racionalidad del debate público en España que debe agradecerse.