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Una sentencia que condena una forma de gobernar

Con esta sentencia se depuran, finalmente, las responsabilidades penales de los ERE. Las políticas se pagaron hace tiempo

Tras casi una década de investigaciones y tramitación judicial, la Audiencia Provincial de Sevilla dio ayer a conocer la sentencia de los ERE, cuya contundencia no deja ningún lugar a la duda. Los magistrados establecen que los ex altos cargos de la Junta de Andalucía, empezando por los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, eran "plenamente conscientes de la patente y palmaria ilegalidad" de los actos en los que participaron: la concesión de ayudas sociolaborales sin cumplir con los controles establecidos por la ley. Es decir, que durante la década 2001-2010, la Junta de Andalucía creó y ejecutó un sistema para malversar dinero público, algo en lo que no sólo participó la Consejería de Empleo, sino también el conjunto del Ejecutivo autonómico. De esta manera, la Audiencia de Sevilla da por válidos los principales argumentos de la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, y la Fiscalía Anticorrupción, lo cual supone un durísimo varapalo para el PSOE andaluz y una mancha importante en su historial al frente de la Administración andaluza en los últimos 36 años.

En consonancia con la gravedad de los delitos que la Audiencia da por probados -malversación y prevaricación- se imponen duras penas de cárcel o inhabilitación a 19 de los 21 ex altos cargos juzgados. Por citar sólo las más relevantes, se condena a Griñán y a Chaves a seis años de prisión y a nueve años de inhabilitación, respectivamente. De igual forma, los ex consejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Viera son condenados a penas de cárcel que oscilan entre los seis y los ocho años. Es decir, si el Tribunal Supremo -al que con seguridad recurrirán los condenados- no corrige la sentencia, parte de lo más granado de la política andaluza durante la época socialista ingresará en prisión en los próximos tiempos. No fue el de ayer un día muy feliz para nuestra comunidad autónoma, independientemente del color político. La sentencia de los ERE abundará en esa imagen corrupta y subsidiada de Andalucía que algunos están empeñados en difundir.

Con esta sentencia se depuran, finalmente, las responsabilidades penales de los ERE. Las políticas, por su parte, hace mucho que ya se pagaron. Ninguno de los condenados conserva en la actualidad un cargo político, lo que facilitará en gran medida la digestión de la sentencia para la sociedad y las instituciones andaluzas. Eso no es óbice, sin embargo, para que no se señale el desprestigio que supone esta resolución para el PSOE.

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