Andalucía celebra hoy un nuevo 28-F inmersa en una pandemia de coronavirus que distorsiona cualquier análisis político y social. Aun así, es lícito hacerse la pregunta, un año más, de cuáles son los beneficios que la sociedad andaluza ha conseguido con la autonomía que adquirió con la llegada de la democracia, tras siglos de un centralismo férreo. La respuesta, como siempre, es ambigua. Es cierto que en estos últimos cuarenta años el avance de Andalucía ha sido espectacular, pero es el mismo que el experimentado por el conjunto de España. Hoy, nuestra región, que llegó a cargar con el sambenito de "tercer mundo", es una sociedad avanzada, con una sanidad, cobertura social, infraestructuras, instituciones y educación dignas del primer mundo, pero no de los países más punteros. En parte, estos avances se han debido al esfuerzo y trabajo de los andaluces, aunque nos engañaríamos si no admitiésemos el gran impulso que supuso el desembarco de las ayudas europeas, que permitieron acelerar una modernización que hubiese sido más lenta sin esta auténtica lluvia de millones. Además, Andalucía sigue teniendo importantes problemas por resolver. El primero y más importante es una llamativa debilidad empresarial que se traduce en unos altísimos índices de paro que nos colocan a la cola de Europa en esta materia. En general, Andalucía sigue manteniendo una profunda brecha económica con la España más desarrollada, lo que nos resta influencia en la política nacional pese a nuestro peso territorial y demográfico. El Gobierno PP-Cs llegó al poder con la promesa de revertir esta situación, pero la pandemia del coronavirus ha impedido cualquier intento serio en este sentido. La prioridad, ahora, es superar la pandemia con el mínimo de fallecidos posible. Eso no significa que, en cuanto se pueda, el principal objetivo del Gobierno andaluz sea tomar la senda necesaria para reducir las distancias con la España más próspera.