Los puentes rotos entre el Gobierno y los empresarios

El Ejecutivo debe comprender que cualquier reforma del mercado laboral debe contar con el consenso. Lo exigen Bruselas y el sentido común

El relativo entendimiento que existía entre los empresarios y el Gobierno parece haberse roto definitivamente, lo que sólo puede considerarse como una mala noticia en unos momentos en los que el panorama económico y social se están enrareciendo debido a la crisis del abastecimiento y la aceleración de la inflación. En cierto sentido, la falta de un acuerdo entre el Ejecutivo y la patronal para la subida del salario mínimo interprofesional (el famoso SMI) ya fue un primer aviso de que las cosas estaban cambiando. Pero la negativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de firmar el acuerdo al que han llegado el Gobierno y los sindicatos para subir las cotizaciones de la Seguridad Social parece ser la constatación definitiva de que los puentes se han roto. Todo indica que cualquier posibilidad de alcanzar un pacto a tres bandas entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios en lo relativo a la reforma laboral está más lejos que nunca. Puede que el Gobierno tenga algo de razón en que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, esté recibiendo presiones internas para que se muestre más duro con el actual Ejecutivo de izquierdas, pero también es cierto que la subida de las cotizaciones un 0,6% (el 0,1% lo aportará los trabajadores y el 0,5% las empresas) es un jarro de agua fría para unas compañías que todavía no han conseguido recuperar el resuello tras los momentos más duros del Covid y que ven cómo se disparan los costes de producción. Asimismo, a los empresarios no se les escapa la animadversión que despiertan en un sector del Gobierno, el vinculado a Unidas Podemos, cuya líder en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz, no se molesta ni en disimular su alineamiento con las tesis de los sindicatos. El Gobierno debe comprender que cualquier reforma seria del mercado mercado debe contar con consenso. Lo exigen Bruselas y el sentido común. Lo contrario será altamente perjudicial para la economía española.

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