Primera premisa. Después de la durísima década de crisis que ha soportado España a partir del crack de 2008, con efectos aún latentes a nivel social y con un escenario global que empieza a dar señales de alarma de estancamiento y recesión, hay una lección que deberían tener más que aprendida nuestros representantes públicos: la economía no puede ser rehén de la política ni estar constantemente sometida a la interinidad que suponen los periodos electorales y a la debilidad de un Gobierno que termina esquivando los grandes desafíos del país y los temas más conflictivos escudándose en su situación de provisionalidad.

Segunda premisa. Una cosa es la política económica -la economía también es política y lleva una carga ideológica ineludible- y otra bien distinta son los intereses partidistas y los condicionantes de las urnas que acaban creando un clima de confusión con lo institucional, lo factible y hasta lo legal. Una obviedad que, en un contexto como el español con un presidente que lleva seis meses sin rendir cuentas en el Congreso y un plausible horizonte de repetición electoral, parece importante recordarla y denunciarla. Más aún con el nuevo otoño caliente que se vislumbra de nuevo en Cataluña con la sentencia del procés, con el Brexit a las bravas que pondrá en jaque a toda la UE a finales de octubre y con un creciente malestar entre las comunidades autónomas por el enquistado problema del modelo de financiación que se acrecienta ahora con el bloqueo de más de 5.000 millones desde Madrid, en teoría por la existencia de un informe jurídico de la Abogacía del Estado que impediría liberar las partidas a un "Gobierno en funciones".

Cataluña lideró la reivindicación y esta semana ha sido la Junta de Andalucía -ayer mismo centró buena parte del Consejo de Gobierno- la que se ha mostrado inflexible exigiendo los 1.350 millones en que se ha cifrado los impagos. Políticamente, las comunidades ya se han dividido en bloques según estén gobernadas por el PSOE o por el PP. Técnicamente se han puesto argumentos para defender las dos posturas y jurídicamente no hay claridad sobre las implicaciones del informe que ha esgrimido la ministra Montero, ya que afecta a partidas distintas: por un lado, ingresos de IVA sujetos a que se aprobaran los Presupuestos Generales (513 millones en el caso andaluz) y, por otro lado, las actualizaciones de las entregas a cuenta (837 millones). Una vez más, estamos ante un problema económico que requiere una solución fría, efectiva y pragmática sometida al dictado -y el relato- de la política. Y esto es justamente lo que España no se puede permitir.