Catorce años lleva el Tribunal de Cuentas reclamando una legislación nacional que obligue a los ayuntamientos a presentar sus balances a tiempo para que puedan ser fiscalizados. Es mucho tiempo, y ni caso. Sigue habiendo un alto porcentaje de consistorios que hacen oídos sordos a los requerimientos del órgano fiscalizador, como si facilitar la documentación de sus cuentas constituyera un acto de mera voluntad y no una obligación. La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda está haciendo gala de una paciencia bíblica, pero en el informe que ha aprobado sobre el sector local en 2015 el Tribunal de Cuentas no disimula el hartazgo que le provoca que peticiones muy antiguas continúen siendo ignoradas y desatendidas. Este menosprecio ha empujado al órgano fiscalizador a insistir, por enésima vez, que se impongan medidas más duras para que los ayuntamientos se dejen fiscalizar, porque las entidades locales están obligadas a enviar al Tribunal sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria. No lo hacen: en el informe del ejercicio de 2015 queda de manifiesto un claro incumplimiento de todas esas obligaciones por parte de numerosos ayuntamientos. El 31 de diciembre de 2016, con el plazo legal sobrepasado ya en dos meses y medio, un 27% de las entidades locales no habían remitido al Tribunal de Cuentas esa documentación, elevándose tres puntos por encima del año anterior. Y en Andalucía, la ocultación de esos datos se detecta en dos de cada tres municipios, el 66% del total. Es la comunidad autónoma en la que se registra un mayor grado de incumplimiento, ya sea porque la documentación se retrasa o porque, sencillamente, no se envía. De los consistorios andaluces, sólo el 34% había cumplido en tiempo y forma con el envío de sus balances. El escenario ha tomado tal cariz, que el propio órgano fiscalizador ha vuelto a proponer reformas legales -que ya sugirió en 2003- para que la obligación sea considerada indispensable desde las administraciones locales si quieren acceder a subvenciones y ayudas públicas. Sin dejar de tener en cuenta la grave situación financiera que vienen arrastrando numerosos ayuntamientos, hay que reconocer que las peticiones del Tribunal de Cuentas no pueden continuar siendo ignoradas de la manera que la propia institución, con enorme paciencia, viene denunciando desde hace 14 años. Sobre las cuentas municipales sólo puede recaer toda la luz y ninguna sombra.