El accidente del buque OS 35 cerca de Gibraltar, donde permanece semisumergido tras colisionar con otro barco, ha puesto a prueba las siempre complejas relaciones entre las autoridades españolas y las del Peñón. Las posiciones irreconciliables que las dos partes mantienen en torno a la jurisdicción sobre las aguas situadas en torno a la Roca hacen que una situación de emergencia como la vivida estos días reabra el debate sobre a cuál de las dos le corresponde actuar para ponerle freno. A la luz del tratado de Utrecht, por el que en 1713 se cedió el terreno y las aguas interiores del puerto gibraltareño a la corona británica, el Reino de España no reconoce autoridad alguna ni al Reino Unido ni a Gibraltar sobre los espacios ajenos a lo marcado en dicho acuerdo, una interpretación diametralmente opuesta a la que se mantiene en Londres y la colonia. ¿Cómo actuar pues? A la vista de los acontecimientos, es evidente que las dos partes han optado por poner el foco en lo urgente, para frenar el vertido de combustible desde el buque, y orillar las cuestiones referentes a la soberanía, irresolubles desde hace más de 300 años. Si bien las autoridades de Gibraltar acogieron inicialmente con algo más que frialdad la oferta de colaboración de España para contener la contaminación, posteriormente no han puesto objeciones a que embarcaciones de Salvamento Marítimo desplieguen sus barreras en el agua para mitigar la expansión del gasóleo. Bienvenida sea la colaboración, como ha quedado expresado también con los contactos mantenidos entre el Ejecutivo llanito con los ayuntamientos de la zona potencialmente más afectados, caso de La Línea, San Roque y Los Barrios. Una vez que se superen los momentos críticos, habrá ocasión de analizar lo ocurrido con sosiego, de exigir responsabilidades y, casi más importante, de tomar nota para que el acuerdo que la Unión Europea y Reino Unido tratan de ultimar a marchas forzadas con respecto a Gibraltar recoja un protocolo de actuación en la materia.