La protesta de los taxistas barceloneses, iniciada tras una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dejó en suspenso una normativa del Ayuntamiento de la Ciudad Condal que restringía las licencias de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), se ha extendido prácticamente a toda España. Las consecuencias para la movilidad en las grandes ciudades, entre ellas las más importantes de Andalucía, son muy graves y, lo peor, no se atisba una solución. El sector ha visto la oportunidad de lanzarle un pulso al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, en el inicio de las vacaciones de agosto y con cientos de miles de viajeros como rehenes para forzar a que se accedan a sus demandas. Es el primer examen serio que afronta el Ejecutivo socialista ante una revuelta laboral que repercute de lleno en la vida de los ciudadanos. De momento, más allá de las buenas intenciones, el Ministerio de Fomento pretende que el Consejo de Ministros apruebe un decreto que traslade a las autonomías la potestad para regular el número de licencias VTC en proporción a las del taxi. Pero el colectivo desea que el control de esa regulación recaiga directamente en los ayuntamientos, unas administraciones que, sin duda, serían mucho más fáciles de presionar.

Estamos ante un conflicto larvado que se recrudece de forma periódica, como bien conocen los usuarios en la pasada Feria de Abril de 2017 o la última de agosto en Málaga, por citar dos episodios. La novedad actual estriba en el órdago que se ha presentado. Con huelgas indefinidas, cortes de avenidas y la amenaza incluso de cerrar los accesos a las vías de entrada al país e incluso la frontera. Una coacción inaceptable que condiciona cualquier negociación en circunstancias normales. Algún dirigente de una de las principales asociaciones del taxi ha llegado a justificar su incapacidad para controlar las acciones de los conductores a los que representa, porque las decisiones las toman "las asambleas".

El taxi es una institución privada que presta un servicio público. De ahí la gravedad de las consecuencias de este paro. Las nuevas tecnologías y las demandas de la sociedad impiden que pueda mantenerse el régimen de monopolio con el que casi ha funcionado hasta ahora. Así ha sucedido con otros sectores, también sacudidos por los cambios y que han tenido que adaptarse. El problema no se resume en una pugna entre trabajadores y "tres o cuatro lobbies". Debe buscarse una solución razonable que combine la realidad del transporte del siglo XXI con la demanda de unos taxistas que necesitan evolucionar.