La concertada se moviliza contra la ley Celaá

La ley Celaá condena a la educación concertada, que ha sido un modelo de éxito, a la muerte por inanición. El Gobierno debe sentarse a hablar con sus representantes

Ya hemos dicho en alguna otra ocasión que la ley Celaá es una oportunidad perdida. Fundamentalmente porque, como siempre ha ocurrido con las leyes educativas españolas durante la democracia, no ha contado con el consenso de los partidos políticos con representación en las Cortes ni con la amplísima comunidad educativa. Una vez más, como ya sucedió con la Logse o la ley Wert, la ley Celaá ha creado más polémica y rechazo que otra cosa, algo del todo inadmisible en una cuestión tan delicada e importante como es la educación, más en un país cuyo sistema escolar tiene asignaturas pendientes como la calidad, nuestro talón de Aquiles en esta materia. Sería conveniente que los partidos políticos, especialmente PSOE y PP, comprendiesen de una vez que es necesario un gran pacto de Estado para crear una ley educativa que pueda durar en el tiempo y sirva para afrontar los importantes retos que tiene planteados nuestra sociedad. Muy seguramente la ley Celaá durará sólo lo que el actual Ejecutivo, pero mientras tanto hará mucho daño. Por lo pronto, por motivos más ideológicos que pedagógicos, ha puesto en el objetivo a la educación concertada, vieja obsesión de la izquierda más radical. Obviando que este sistema ha sido fundamental en la ampliación de la educación a todo el territorio y capas de la sociedad, y que ha ahorrado (y sigue ahorrando) importantes cantidades a las arcas públicas, la ley Celaá ataca directamente a las fuentes de financiación de los centros concertados al reforzar los obstáculos para las cuotas voluntarias y los condena a una muerte por inanición. Esto sólo puede ser entendido como un ataque directo a la libertad de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. La escuela concertada, mayoritariamente católica (con todo el poder de movilización social que eso significa), ya ha empezado a manifestarse pese al estado de alarma. El malestar irá a más y volverá a convertir la Educación en un campo de batalla. El Ejecutivo debe comprender que la concertada no es, como se pretende, una rival de la pública, sino su complemento para garantizar una educación plena y en libertad. Así lo indica la experiencia histórica acumulada en los últimos años. El Gobierno debe sentarse a hablar con sus representantes.

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