El anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que el Gobierno andaluz aprobará hoy el inicio de lo que llama la bajada masiva de impuestos no debe sorprender a nadie. En primer lugar porque es un compromiso electoral tanto de su partido, el PP, como de los otros dos que apoyan al Ejecutivo en el Parlamento, Ciudadanos y Vox. En segundo lugar, porque en periodo electoral es habitual el anuncio de medidas populares, y las rebajas fiscales lo son. Y en tercer lugar, porque lo que se anuncia ya se había vendido en gran parte a los medios de comunicación, como es el caso de la práctica desaparición del impuesto a las herencias para padres, hijos, cónyuges y nietos. Eso sí, más novedosa es la intención de Juanma Moreno de iniciar una bajada plurianual del tramo autonómico del IRPF hasta igualarlo con el tramo estatal; y la reducción al 50% para las familias numerosas el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Por su propia naturaleza las bajadas de impuestos siempre son populares. Pese a la pedagogía que se suele hacer desde Hacienda de que hospitales, escuelas y carreteras se pagan con los tributos de los ciudadanos, no existe prácticamente nadie al que le sea grato pagar al fisco. Por tanto, el anuncio del presidente de la Junta será recibido con evidente satisfacción por parte de la mayoría de los ciudadanos andaluces. La medida, además, será beneficiosa al posibilitar que los ciudadanos cuenten con más renta libre para el consumo, el ahorro o la inversión, lo que redundará positivamente en la economía andaluza.

Sin embargo, a nadie se le escapa que una reducción demasiado masiva de impuestos puede ser incompatible con el compromiso expreso de Juanma Moreno de mantener el Estado del Bienestar, que en Andalucía tiene un gran coste económico. Mantener las amplias prestaciones actuales en educación, sanidad y dependencia obliga a la Junta a gastar cantidades ingentes de dinero público. Por eso es inevitable (y deseable) que junto a la rebaja fiscal (que estará limitada por la realidad del momento) se haga hincapié en la eficacia de la Administración autonómica, factor que muchas veces es más importante que las propias reducciones de tributos. Moderación fiscal autonómica sí, pero sin olvidar lo necesario que es acompañarla de un buen gobierno y sin que comprometa unas prestaciones sobre las que hay un amplísimo consenso social en Andalucía.