El chantaje se ha convertido en una norma de uso común en la política española. Se hace además a plena luz y con el mayor descaro. Ahora resulta que los veinte céntimos de subvención por litro de gasolina, el incremento de un 15% del ingreso mínimo vital, las ayudas a los transportistas, la regulación del precio de los alquileres y algunas otras medidas para contrarrestar algunas consecuencias de la crisis económica, derivadas de la invasión de Ucrania, se lo deben los españoles a la "responsabilidad" de Bildu. Los cinco votos de la coalición heredera política de ETA y dirigida por un ex terrorista han sido fundamentales para convalidar en el Congreso el decreto del Gobierno. Un exponente más de la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, obligado a ceder una y otra vez a la presión de formaciones nacionalistas y extremistas. Como ha quedado demostrado en este último episodio, en el que ERC retiró su respaldo al presidente como represalia por el supuesto espionaje del CNI a algunos de sus dirigentes. En la última semana la desesperación de Sánchez ha cruzado límites aceptables. Incluso al utilizar la Comisión de Secretos Oficiales para intentar contentar las exigencias de unos socios que, no olvidemos, persiguen como fin la ruptura del Estado español. Prolongar con estos aliados la estancia en el poder es inasumible. El país cada vez se halla más polarizado, cualquier debate acentúa el enfrentamiento y, en definitiva, le acerca al abismo. Hay que insistir una vez más en que el cambio de liderazgo en el principal partido de la oposición debe propiciar un nuevo clima político que permita acabar con tanto desatino. Sánchez no está a la altura: es una evidencia. Pero Alberto Núñez Feijóo tiene también ya responsabilidad en la deriva del país. No son éstos momentos de pensar sólo en estrategias para llegar lo antes posible a la Moncloa.