EL DÍA DE CÓRDOBA En la batalla del coronavirus: mantenemos nuestra cita en los quioscos con despliegue informativo sobre la pandemia

Los beneficios políticos de los presos del 'procés'

Hay motivos más que sobrados para sospechar que la propuesta esconde un trato de favor a estos condenados respecto al resto de los reclusos

Las juntas de tratamiento de las tres prisiones catalanas, donde desde hace diez meses cumplen condenas de 9 a 13 años por sedición los nueve presos soberanistas, han propuesto, al unísono y por unanimidad, que los reclusos pasen de inmediato al tercer grado. Los penados, además de dormir fuera de la cárcel de lunes a viernes, como hasta ahora, tampoco tendrán que regresar a sus celdas los fines de semanas. Resulta muy poco creíble que 30 funcionarios propongan a la vez ese régimen para todos los internos de un mismo caso, sin que medie la injerencia política. Sobre todo cuando hace seis meses algunos de estos técnicos se habían opuesto, por precipitado, al avance a su calificación vigente. Ese segundo grado ya permitía a estos reos salir a la calle por cuestiones tan dispares como cuidar a sus padres, ejercer de voluntarios en ONG o encontrar trabajos a la carta en fundaciones privadas que reciben subvenciones públicas, como sucede con el ex vicepresidente Oriol Junqueras.

La coreografía de algunos dirigentes separatistas -entre ellos, el presidente catalán Torra- dándose por ofendidos por esta semilibertad obedece más a una pantomima para ocultar que, en realidad, el Gobierno catalán marca los tiempos a su antojo con su control sobre las instituciones penitenciarias. Las sentencias del procés fueron por hechos muy graves, como subvertir el ordenamiento constitucional por la vía de los hechos con la proclamación de una imaginaria república catalana. Cualquier preso tiene derecho a disfrutar de los beneficios que prevé la ley para su futura reinserción. Pero, en este caso, hay motivos más que sobrados para sospechar de un trato privilegiado respecto al resto de los condenados, incluso de sus mismas cárceles. Es excepcional pasar del primer al tercer grado en diez meses. La propuesta debe ser ratificada por la Generalitat de Cataluña y hay pocas dudas de que lo hará. La Fiscalía deberá analizar si estamos ante un fraude de ley, como todo lo sugiere, y recurrir ante las instancias judiciales competentes, incluido el Tribunal Supremo. El Ministerio Público no está para dar cobertura a estrategias políticas, sino para velar por la Justicia.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios