E L proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 vuelve a castigar sin miramientos a Andalucía. Un solo dato basta para certificar el tijeretazo: la comunidad andaluza, con respecto a 2016, es la que patenta el mayor recorte de inversión estatal de todo el conjunto nacional, tanto en lo que se refiere a términos absolutos como a los relativos. Y, en consecuencia, frente a los 1.820 millones que recibió en el ejercicio pasado, para éste están presupuestados 1.156. Es cierto que la inversión estatal del sector público se verá reducida en 16 autonomías. Pero en ninguna otra se ha visto rebajada un 36%, ni más ni menos, por lo que sirve de poco consuelo que en cifras absolutas Andalucía lidere la partida presupuestaria con un 13% del total, ya que le correspondería un 18% por su población. Si durante el periodo más crudo de la recesión económica se podía llegar a entender el ajuste presupuestario en todos los territorios, ahora que el propio Gobierno saca pecho con la salida de la crisis no tiene sentido este duro recorte justamente en una comunidad con tantas carencias en materia de infraestructuras, en particular.

La reducción de las partidas en el terreno de las inversiones, y en concreto en proyectos de obra nueva, es tan sangrante que los propios dirigentes del Gobierno y del PP han sido los primeros en admitir en la comunidad que el "impulso definitivo" de las infraestructuras se reflejará en los PGE de 2018. Aun así, mucho van a tener que cambiar las tornas para impulsar obras tan emblemáticas como las actuaciones en la línea férrea Algeciras-Bobadilla. Los 20 millones anotados para este proyecto en los presupuestos quedan muy lejos de los cientos de millones prometidos por el Ejecutivo para dar vida a los tramos del Corredor Mediterráneo a su paso por Cataluña. Con cifras como éstas, es obvio que el Gobierno y el propio PP disimulan muy bien tanto cariño como dicen que le profesan a los andaluces.

Como era previsible, la Junta afirma que impugnará las cuentas estatales de 2017 por incumplir el Estatuto de Autonomía, ya que la inversión anunciada para esta comunidad no se corresponde con el peso de la población andaluza sobre el conjunto del territorio nacional. Sin embargo, no es la primera vez que se da esta circunstancia, por lo que el Gobierno andaluz tendrá que apelar a la audacia por medio de otros argumentos si quiere poner remedio a lo que considera un castigo brutal, en palabras de Susana Díaz. Así, y al contrario que en otras legislaturas, por primera vez en mucho tiempo, el Gobierno no goza de mayoría absoluta y habrá que esperar a las negociaciones en el Congreso y a las más que seguras enmiendas. Ahí es donde cada cual podrá exhibir su habilidad para fijar un reparto de las inversiones más justo.