Resolver lo más urgente

El auto de archivo de la denuncia por el 8-M demuestra que no se puede perder el tiempo en causas que sólo son estrategias políticas

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, acordó el pasado viernes el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación, no hay indicios suficientes para mantener imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, por un delito de prevaricación administrativa. La juez concluye en su auto que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada instó del delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19". El delegado del Gobierno en Madrid había sido denunciado como responsable de no haber evitado las manifestaciones del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de Madrid, uno de los principales focos de la infección por coronavirus en España. La acusación presentada por la Unión de Mandos de la Guardia Civil y la Asociación de Consumidores y Usuarios fue instrumentalizada políticamente desde el primer momento, como viene sucediendo en diferentes niveles políticos y administrativos desde que estalló la pandemia en nuestro país. Ahora, tras la decisión judicial, que puede ser recurrida, parece claro que cualquier intento de utilizar políticamente asuntos como el citado sólo contribuyen a generar un clima de tensión que no ayudan a solucionar los verdaderos problemas que tiene este país en estos momentos y afrontar los difíciles retos en un futuro inmediato. La agria polémica provocada por la concentración del 8-M u otros eventos que se celebraron en España en esas fechas, o las denuncias entre partidos políticos por la responsabilidad en las residencias, tienen un recorrido judicial muy corto, como se ha podido comprobar. Otra cosa son las denuncias que ciudadanos a título individual o colectivo tienen todo el derecho a presentar por falta de previsión de responsables públicos o falta de medios durante la pandemia, cuestiones que la Justicia deberá dictaminar en cada caso. Hablamos de la judicialización de la crisis sanitaria a niveles políticos, estrategia que el archivo de la juez Rodríguez-Medel, una magistrada fuera de toda sospecha, ha dejado en evidencia y debería servir de ejemplo de cara al futuro. Lo que los ciudadanos demandan a la clase política en estos momentos son soluciones urgentes a los problemas del día a día: que resuelvan, por ejemplo, la incertidumbre que existe sobre el regreso de millones de alumnos a las aulas en septiembre o que adopten medidas para paliar la grave crisis social y económica que ha provocado la pandemia. Eso sí que es de juzgado de guardia.

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