Editorial
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Asistimos en los últimos días, una vez más, a un cruce de reproches entre la Junta y el Gobierno central a causa de la falta de médicos. La consejera de Salud, Catalina García, insiste en pedirle al Ministerio de Sanidad un incremento extraordinario de plazas de MIR. El delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, replica que desde 2018 su administración ha lanzado la mayor oferta de Formación Sanitaria Especializada “de toda la historia de la democracia”. Y culpa del tapón actual al paso de Mariano Rajoy por la Moncloa. La realidad es que faltan facultativos en España. En Atención Primaria, según los últimos informes, unos diez mil hasta 2028 sólo para reponer las bajas previstas. Una especialidad peor pagada y con menor prestigio profesional que otras, pero esencial para canalizar el funcionamiento adecuado de un sistema de salud. En este escenario cualquier decisión de futuro que se adopte ahora no verá sus frutos, como mínimo, hasta dentro de un lustro o más. Razón suficiente para comprender de una vez por todas que la complejidad de la sanidad obliga a un pacto de Estado entre las distintas formaciones políticas. Un acuerdo que evalúe si el acceso a la carrera docente debe medirse sólo por las notas de los alumnos sin considerar la vocación. Que unifique unas condiciones salariales y laborales que eviten una subasta económica entre las propias comunidades autónomas. Que, en definitiva, se ofrezcan posibilidades de investigación y de desarrollo profesional para disuadir a miles de estudiantes y facultativos a que emigren a otros países, fundamentalmente europeos, porque les ofrecen condiciones mucho más atractivas. La sanidad, por desgracia, suele ser un arma arrojadiza entre los dos principales partidos. Y ninguno puede presumir ante el otro de que en situaciones de grave crisis económica no usaron con profusión la tijera de los recortes. Hasta que llegó la pandemia.
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