La detención de Carles Puigdemont la noche del pasado jueves en Cerdeña abre una nueva etapa de incertidumbres jurídicas y políticas. El ex presidente de la Generalitat, prófugo de la Justicia española desde noviembre de 2017, acudió a la isla italiana para participar en un acto al considerar que la euroorden que pesa sobre él no está activa pero la Policía de ese país ha atendido la orden del Tribunal Supremo de España para su captura. Ahora la pelota está en el tejado de la Justicia italiana, que lo dejó en libertad y lo citó el próximo día 4 de octubre y es quien debe decidir el futuro del líder independentista, cuya inmunidad parlamentaria sigue suspendida por el Tribunal General de la Unión Europea. Sea cual sea la decisión de los tribunales italianos, Puigdemont ha de rendir cuentas ante la Justicia española por diferentes delitos, entre ellos los de sedición y malversación por el procés, como lo han hecho ya otros promotores del referéndum ilegal, al margen del indulto que llegó luego por parte de un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que se vuelve a encontrar con un asunto incómodo encima de la mesa de diálogo que ha abierto con una parte del espectro político independentista catalán. La detención de Puigdemont le ha estallado al Gobierno en un momento dulce de sus relaciones con partidos como ERC, cuya reacción a la actuación de la policía italiana ha sido de apoyo al ex presidente y para volver a lanzar proclamas en favor de la amnistía y la autodeterminación como "la única solución". Esta escalada verbal también ha tenido su reflejo en protestas en las calles de Cataluña, donde la tensión se había rebajado considerablemente en los últimos meses. Pedro Sánchez se encuentra, por tanto, ante una cuestión que le puede erosionar en sus relaciones con el independentismo catalán pero no puede ceder por intereses partidistas en la defensa del cumplimiento de las leyes. De momento, el Gobierno ha reaccionado a la nueva situación tras la detención de la única forma posible, señalando que Puigdemont "debe someterse a la acción de la Justicia exactamente igual que cualquier otro ciudadano". Su apoyo expreso a la actuación de los tribunales españoles ha de ser firme y no debe tener fisuras.