La inflación se ha situado ya entre los mayores problemas económicos que tiene España, al nivel del alto déficit y la abultada deuda pública. La escalada de los precios no tiene freno. El dato adelantado ayer por el Instituto Nacional de Estadística arroja un alarmante crecimiento de un punto y medio en tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante el mes de junio, que se sitúa en el 10,2%, una inflación no registrada desde 1985. La subida mensual fue mucho más alta de lo previsto, un 1,8% más que en mayo. Los carburantes y los alimentos son los principales componentes que impulsan este crecimiento desbocado. Respecto a los combustibles, se demuestra que la medida del Gobierno de rebajar 20 céntimos el precio ha aliviado algo los bolsillos de particulares y empresas, pero no ha servido para compensar las subidas del petróleo. La tasa subyacente, que excluye precisamente esos componentes de alimentación y energía, también está en niveles preocupantes, del 5,5% interanual. La política del Gobierno no está funcionando. Quizás ha servido de paliativo, pero no ataca las causas de la inflación. Lo más preocupante, en cualquier caso, es que España se adentra ya en un peligroso escenario de estanflación, porque el crecimiento del PIB está estancado y la inflación desbocada, por bien que marche el empleo. Es probable que en 2022 no se entre en recesión, pero nos acerca mucho a esa posibilidad en el próximo ejercicio. Urge actuar. Los excesos de recaudación sobre la presupuestada que origina la inflación dan margen para bajar impuestos en esas mismas cuantías, no más. Es cierto que la inflación tiene origen exógeno, por los problemas que la pandemia generó en la cadena de suministros y la incidencia de la guerra en Ucrania sobre el precio del gas y del petróleo, pero ello no exime de la responsabilidad del Ejecutivo de actuar con urgencia aplicando medidas que eviten graves efectos de segunda ronda y una nueva crisis recesiva.