Un 'Parlament' contra la democracia

Todos vimos cómo aquellos días del 6 y 7 de septiembre se pisotearon los derechos más elementales de los catalanes

El nacionalismo catalán anda estos días empeñado en contarnos una nueva versión del intento de golpe contra la democracia española que empezó a consumarse ahora hace un año en el Parlamento de Cataluña. Según este relato, los independentistas no cometieron ningún delito, sino simplemente se limitaron a opinar libremente y a mostrar sin tapujos su deseo de convertir a Cataluña en una república independiente de España, como si eso no lo llevasen haciendo sin tapujos numerosos partidos y asociaciones catalanistas desde 1978. Por tanto, según esta versión, toda la reacción judicial posterior y el consiguiente encarcelamiento de los políticos sospechosos de rebelión y sedición ha sido una perversa maniobra del Estado para impedir que Cataluña pueda expresarse libremente. "España no sólo nos roba -como se dijo en un principio- sino que, además, nos oprime políticamente". Evidentemente, estamos ante una enorme manipulación e intoxicación de la opinión pública que ha conseguido prosperar gracias al humus del enorme malestar generado por la gran crisis político-social-económica que se generó en todo el mundo a partir del crack de 2008. Los independentistas tuvieron la habilidad de encontrar un culpable para los desahucios, las colas en los hospitales o el recorte de las becas, y éste, evidentemente, no era la Generalitat ni la corrupción reinante en Cataluña -al igual que en el resto de España-, sino el malvado Estado español.

Sin embargo, todos fuimos testigos de cómo en aquellas aciagas jornadas del 6 y el 7 de septiembre de 2017 el Parlament dejó de ser un instrumento democrático al servicio de los ciudadanos, el lugar del debate de los representantes del pueblo catalán, para convertirse en una herramienta al servicio de un golpe institucional en el que no se respetaron los derechos más elementales de los parlamentarios ni el reglamento de la propia Cámara. Para aprobar las llamadas leyesde ruptura, los diputados independentistas, con la bochornosa actuación de la presidenta del Parlament , Carme Forcadell, a la cabeza, no tuvieron empacho en violar conscientemente las leyes verdaderas, pese a los avisos del Tribunal Constitucional, el Consejo de Garantías y los letrados de la propia Cámara. Intentar ahora presentar aquellos hechos como un simple ejercicio de libertad de expresión sin ninguna responsabilidad judicial es un acto de cobardía moral y un engaño (uno más) a la ciudadanía catalana. Serán los jueces, y nadie más, los que tendrán que decidir hasta qué punto se vulneró la ley.

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