El acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 tiene más de deseo que de realidad. En principio, estamos ante un documento claramente socialdemócrata al que, exceptuando alguna medida netamente confiscatoria, no se le debería poner demasiadas objeciones. Pero lo cierto es que dicho proyecto, que a ratos tiene algo de carta a los Reyes Magos y algo de programa electoral, no se corresponde con la realidad política y económica del país. Está muy bien y es deseable pretender subir las cantidades presupuestarias dedicadas a vivienda pública, a la dependencia o a la transición energética en nuestro país, pero mucho nos tememos que esto se traducirá en un aumento de la presión fiscal que, a la larga -sea este o no el deseo del Gobierno- perjudicará sobre todo a las clases medias profesionales, que todavía están demasiado debilitadas tras la gran recesión. Asimismo, es muy posible que este proyecto de PGE no consiga superar su tramitación parlamentaria, pues bien es sabido que los inestables apoyos con los que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy no están por la labor de ponérselo muy fácil, especialmente los independentistas catalanes, que parecen haber regresado al monte tras un amago de cierta moderación y diálogo con el Ejecutivo.

El presupuesto tiene sus luces y sombras. Es un acierto su intención de subir el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros en 2019, lo que supone 164 euros más al mes que en 2018. Durante la crisis, España optó por una necesaria devaluación interna para mejorar su competitividad exportadora. Ahora es momento de que se inicie una recuperación salarial que no sólo es de justicia, sino que tendrá el beneficio de servir para estimular el consumo interno en unos momentos en los que las exportaciones han empezado a frenarse.

Como ejemplo de medida claramente negativa, incluso se podría decir que confiscatoria, está la intención de que el IRPF afecte a las rentas superiores a 130.000 euros, con lo que el Ejecutivo ha rebajado su propuesta inicial de subir el IRPF a las rentas de más de 140.000 euros. Esta medida penaliza claramente la ambición y la prosperidad, motores fundamentales de la economía capitalista, y promoverá la evasión fiscal.