Esta semana se han producido dos hechos significativos en la evolución del procés: las reuniones a distintos niveles entre el Gobierno y la Generalitat, y la decisión de un tribunal alemán de no entregar al ex president Puigdemont a España por el delito de rebelión, aunque sí por el de malversación.

El Ejecutivo de Sánchez tiene el derecho (y la obligación) de explorar una solución para poner fin a unas convulsiones catalanas que amenazan la cohesión del país, dañan de manera evidente nuestra economía y deterioran la imagen de España en el exterior. Por mucho que se pretenda, el problema catalán es imposible de encapsular y afecta a toda la vida nacional, empezando por la paralización de la urgente renovación del ya desfasado sistema de financiación autonómica. Por tanto, no debemos poner ninguna objeción a que distintos miembros del Gobierno hablen con los representantes de la Generalitat, siempre que queden claros tres asuntos: que en ningún momento se vulnerará la Constitución y la soberanía nacional; que no se adoptarán medidas que atenten contra la igualdad y la solidaridad entre los territorios, y que no se tolerarán boicots a instituciones del Estado como la Corona o el Constitucional.

Respecto a la decisión de los jueces alemanes, es evidente que supone un revés para la estrategia del Tribunal Supremo, pero no se entiende la alegría del independentismo al respecto. Estos mismos magistrados estiman seriamente la posibilidad de que Puigdemont cometiese un delito de malversación (es decir, de que usase fondos públicos indebidamente, algo que puede estar penado con 12 años de cárcel) y niegan la idea de que en España haya presos políticos, uno de los principales mantras del nacionalismo. Ahora será el Supremo el que decidirá qué estrategia seguir. Sea cual fuere, la función del Gobierno será facilitarla dentro de sus atribuciones y posibilidades, y desechar las peticiones de los soberanitas para que fuerce las decisiones judiciales, algo impensable en una democracia.