La aritmética parlamentaria no admite dudas: el Gobierno necesita 176 votos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y, por ahora, sólo tiene 175 asegurados (137 del PP, 32 de Ciudadanos, 5 del PNV, 1 de Coalición Canaria) después de unas negociaciones en las que tanto los nacionalistas vascos como los canarios han logrado suculentas ventajas y beneficios. Así las cosas, Rajoy necesita sumar uno más si no quiere ver cómo naufraga la legislatura prácticamente antes de nacer, circunstancia que devolvería a España al perverso ciclo de inestabilidad política que vivió durante el año 2016, lo cual tendría graves consecuencias económicas e institucionales que favorecerían a los populistas y a los radicales. Como es sabido, la única posibilidad para lograr ese voto de oro es contar con el apoyo de Nueva Canarias, partido nacionalista de centro izquierda con vinculaciones con el PSOE cuyo único diputado, Pedro Quevedo, ya se ha apresurado a presentar en el Congreso 49 enmiendas por valor de 450 millones de euros, 360 de ellos para inversiones específicas en el archipiélago . Aparte está la negociación política del blindaje del Régimen Económico y Fiscal de las islas o la renovación de su Estatuto de Autonomía.

El diputado Quevedo está jugando las cartas que le toca jugar. Es él un representante de un partido nacionalista (aunque en Canarias éste no toma los tintes soberanistas o independentistas de otros lugares) y la principal justificación ante sus electores es defender lo que ellos entienden como los intereses de esta autonomía y captar la máxima financiación posible del Estado para la misma. El escenario que se le plantea al Gobierno de Rajoy no es nada nuevo: desde el inicio de la democracia todos los gobiernos que no han contado con mayoría absoluta han tenido que comprar su estabilidad cediendo frente a los nacionalistas todo tipo de prebendas y partidas económicas.

El llamado por algunos bipartidismo imperfecto siempre ha necesitado la muleta de los partidos nacionalistas, pero se suponía que la irrupción de los nuevos partidos iba a romper esa dependencia a favor de una gobernación más igualitaria para todos los territorios. A la vista está que no ha sido así. Quizás ha llegado el momento de retomar la reflexión de si el sistema electoral que tenemos es el más adecuado para un país como el nuestro o si, por el contrario y como creía Ortega, esa tensión entre centro y periferia es parte esencial de España y, por lo tanto, hay que saber sobrellevarla sin excesivos dramatismos.