Confinamiento domiciliario, sólo si es imprescindible

Antes de optar por el confinamiento domiciliario, se pueden poner en marcha muchas medidas intermedias que no sean tan nocivas para la economía

En las últimas horas se han disparado las especulaciones sobre un inminente confinamiento domiciliario de los andaluces. En este sentido, no han ayudado mucho los mensajes contradictorios lanzados desde el mismo Gobierno andaluz. De hecho, ayer vimos cómo el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tuvo que salir a poner un poco de sosiego tras las declaraciones de su vicepresidente, Juan Marín, en las que daba por inevitable un nuevo confinamiento. Moreno templó y descartó, por ahora, el encierro de los ciudadanos en sus casas, asegurando que esta medida sería "el último recurso" si la pandemia sigue descontrolada. Es lo que marca el sentido común y los intereses de una sociedad que, a no ser que esté muy justificado, no puede volver a congelar la actividad económica. Antes que nada, habría que darle un tiempo a las actuales medidas para que hagan efecto y, en caso de que se muestren como insuficientes, ir endureciéndolas progresivamente. El propio Juanma Moreno ya ha apuntado cuáles podrían ser los siguientes pasos: reducción mayor de la movilidad de los ciudadanos, adelanto del horario de cierre de determinados negocios, etcétera. En cualquier caso, las medidas deben valorar tanto el impacto en la salud como el ámbito económico, dos conceptos que están estrechamente unidos y que en ningún caso pueden ser antagónicos. Es importante que el Gobierno aprenda de los errores del pasado y evitar en lo posible, por ejemplo, el cierre de la educación. Los datos dejan claro que los colegios y escuelas han sido por lo general lugares seguros, algo que se debe en gran medida al esfuerzo realizado por el conjunto de la comunidad educativa. Apenas se han tenido que cerrar un 0,09% de los de 7.099 colegios que hay en la región, ya sean de Educación Infantil, Primaria o Secundaria (ESO). Respecto a las aulas, las afectadas suponen un 0,41% sobre el total de 78.024. Unos números ridículos. El Gobierno autonómico será el que, en función de los datos de los que disponga y asesorado por los científicos, tome una decisión final que siempre deberá velar por la salud y el bienestar material de los andaluces.

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