Cataluña, de mal en peor

Si la Generalitat no es capaz de cumplir y hacer cumplir la ley, tendrá que ser intervenida de acuerdo con nuestra Constitución

Pese a los buenos propósitos del Gobierno de España de reconducir la situación en Cataluña -para lo que vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llegó a abrir un despacho en Barcelona- la situación no sólo no ha mejorado, sino que cada día que pasa va a peor. No hay día que esta comunidad autónoma acapare titulares en la prensa, siempre negativos. La semana pasada todo el país se quedó asombrado por la denuncia del ex senador independentista Santiago Vidal de que la Generalitat había conseguido ilegalmente datos fiscales de los catalanes, vulnerando de esta forma las legislaciones española y europea. Ahora, la Generalitat -cuya falta de respeto al orden constitucional y a la legalidad en general es ya patente- presume de que tiene ya plena capacidad tributaria para sustituir al Estado español en la recaudación de una serie de impuestos que son de su competencia. Es decir, que secretamente se ha montado una hacienda paralela a la española. Las palabras de Vidal -pese a los desmentidos del nacionalismo y sus antenas mediáticas- son cada vez más veraces.

Los políticos independentistas catalanes -que copan un altísimo poder institucional, no se olvide- ya no se contentan con ningunear al Tribunal Constitucional y hacer todo lo posible por crispar las relaciones con Madrid. En los últimos días hemos visto cómo en vez de reconsiderar la convocatoria de un referéndum ilegal, que no cuenta con ningún apoyo internacional y que supondría una de las crisis institucionales más graves de la historia contemporánea española, se empeña en adelantar la fecha de su celebración. Al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se le puede criticar una cierta pasividad en el pasado, pero es cierto que ante la contumacia del nacionalismo catalán es muy difícil oponer la buena voluntad y el diálogo.

Lo que empezó siendo considerado un envite más de Cataluña para conseguir réditos económicos, se ha desvelado como una auténtica maniobra para romper la unidad de España. Ante el continuo desafío de los soberanistas, sólo queda aplicar la ley en el sentido más estricto de la palabra. En la ciudadanía española empieza a cundir un cierto cansancio. Si la Generalitat no es capaz de cumplir y hacer cumplir la ley debe ser intervenida de acuerdo a nuestra Constitución. Lo contrario sería inaceptable y llevaría a ahondar más en la desafección ciudadana hacia sus instituciones. Se puede y se debe hablar sobre cualquier asunto que preocupe al nacionalismo catalán, pero no se le debe permitir el más mínimo quebrantamiento de la ley.

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