En contra de la posición del PDeCAT, la coalición independentista ha decidido que la llamada ley de transitoriedad catalana se apruebe antes del 1 de octubre, fecha del referéndum de independencia. Se trata de una imposición más de la CUP al partido de Carles Puigdemont e imprime el sello de la radicalidad a este proceso de por sí ilegal e ilegítimo. Lo que la CUP propone es un proceso de ruptura total con el Estado, rápido y bronco a la espera de una respuesta que retroalimente su discurso subversivo. La ley de transitoriedad -en realidad, de ruptura- prevé la creación de la república catalana en los días inmediatos al 1 de octubre y la elección de una asamblea que redacte la constitución para que esté aprobada en el plazo de un año. Mediante esta ley, la Generalitat asumirá "el control efectivo del territorio", lo que supone hacerse cargo de las fronteras, los tributos y los bienes inmuebles que el Estado tiene en Cataluña. Desde un punto de vista legal, esta ley es un despropósito expósito, no nace de la Constitución ni del Estatuto, se trata de un texto de ruptura absoluta, casi revolucionario. Con ella, el Parlamento catalán ya conoce las dos leyes de desconexión -la del referéndum y ésta presentada ayer-, aunque se desconoce en qué momento pasarán al pleno. Cabe recordar que el reglamento de la Cámara también ha sido reformado para que estas leyes se puedan aprobar de inmediato en un proceso de lectura única. La respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido la misma que en otras ocasiones: se trata de una ley que no entrará en vigor, el Tribunal Constitucional la paralizará. Si hay algo de positivo en la jornada es que el líder socialista, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno conversaron y marchan unidos frente a este desafío. No obstante, no parece que el Constitucional sea el único encargado de frenar este proceso de secesión que ya ha llegado demasiado lejos, en algún momento habrá de tomarse otras medidas más serias y abandonar una política de buenos gestos que a nada conduce, tal como se vio este fin de semana durante la manifestación de Barcelona contra el terrorismo. El parlamentario del PP catalán Xavier García Albiol rescató ayer la posibilidad de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución, que le permite adoptar medidas si un gobierno autonómico contraviene el interés general del país. Apoyamos la proporcionalidad en la adopción de medidas contra este desafío, pero entendemos que el Gobierno de Puigdemont ha aportado suficientes argumentos para poner en marcha este mecanismo constitucional.