No ha sido Abc, sino El Mundo, el que informa de que los amigos del Rey emérito, don Juan Carlos, no son partidarios de que éste vuelva a España de inmediato y desaconsejan que lo haga ahora y espere hasta tener una buena oportunidad. Añaden, incluso, que no debió de irse, cuando lo hizo. Esto se escribe como opinión en el mismo periódico. También que el Rey, don Felipe, necesita romper amarras con su padre y dar otro golpe de ejemplaridad, porque si no lo hace "mantiene a la Corona rehén de los Iglesias".

En los más de 15 años que llevo publicando colaboraciones en los periódicos del Grupo Joly, he tenido muchas ocasiones de referirme a la monarquía. Como hoy la informática permite recordar estas ocasione e incluso proceder a la lectura de ellas, procedo a hacerlo. Así, leo en un artículo de 2008 con ocasión de cumplir nuestra Constitución 30 años, recordando que desde la Constitución de Cádiz, que llamaron LaPepa, ha habido 6 constituciones más. Respecto de la actual, se pretende su modificación en dos temas esenciales, como son la forma política del Estado español (la monarquía parlamentaria) y la declaración de la indisoluble unidad de la nación española, lo que impide, sin su reforma, dar la independencia a cualquier comunidad autónoma española. Es fácil pensar que la actuación del Rey emérito puede conducir a que se proponga a las Cortes la reforma de la Constitución. Los objetivos siguen siendo los mismos: establecer la república y dar la posibilidad de satisfacer a vascos y catalanes, concediéndoles la independencia. La instauración de la república es fácil, aunque el vigente texto constitucional contempla un montón de trámites que no son fáciles de conseguir, pero que puestos a ello, se conseguirían.

Mientras no se derogue, está vigente el precepto de la Constitución que impone al Rey la obligación de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. La Generalitat proclamó, dejándola de inmediato en suspenso, la independencia de Cataluña y hoy se pretende el indulto de los políticos condenados por esta actuación. Parece que el Gobierno de Sánchez podría concederlo. Pero queda el último dique de contención, que es la Magistratura, nada favorable a esta medida de gracia.