DEJAR de contratar mano de obra inmigrante cuando el incremento del paro entre los españoles es alarmante (medio millón más de desempleados en el último año) parece una respuesta razonable a uno de los elementos esenciales de la crisis económica. Es lo que ha anunciado el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, al término de un encuentro con los agentes sociales, a los que, sin embargo, no planteó la cuestión. Debió hacerlo, dada la envergadura y repercusiones de su propósito de suspender las contrataciones de inmigrantes en origen, hasta aproximarlas a cero el año próximo, excepción hecha de las muy especializadas y las obligadas por convenios internacionales suscritos con anterioridad. La intención es correcta. Nada puede ser más justificado que suprimir temporalmente la búsqueda de trabajadores extranjeros con contratos mientras que en España supera los dos millones y medio el número de trabajadores nacionales que no disponen de puesto de trabajo. Pero hay una gran diferencia entre el mercado laboral potencial y el mercado laboral real. Los empresarios de algunos sectores productivos saben bien que hay determinados trabajos, que por su penosidad, dureza, escasa remuneración o nula proyección social han dejado de ser apetecidos por los asalariados españoles, incluidos los que se encuentran en paro, lo que les ha llevado en los últimos años a contratar mano de obra inmigrante. Siendo así las cosas, es mucho mejor que estos colectivos entren en España de manera legal y regularizada, con contratos previamente suscritos en sus países de origen, que no de manera ilegal y abocados a introducirse en la economía sumergida, fuente de explotación y abusos con demasiada frecuencia. O se depuran los censos de parados y se impulsa a los desempleados españoles a aceptar esos trabajos que ahora rechazan o es inevitable que sigan siendo sustituidos por inmigrantes. Suspender la contratación en origen sin ofrecer alternativas no es una buena idea.