España no era un régimen autoritario cuando el independentismo sostenía esa tesis, ni lo es ahora cuando parte de la opinión publicada y de la clase política banaliza expresiones como golpe de Estado o totalitarismo. Nos hemos instalado en un estado de alarma verbal, en una jerga hipertrofiada, que a la postre sirve para que se diluyan las responsabilidades. Primero las del Gobierno, pero también las de la oposición y, por supuesto, nuestra propia responsabilidad como sociedad ante una degeneración institucional que sí, es evidente y preocupante. El CGPJ opera sin renovar la legitimidad democrática que es exigible a cualquier órgano de gobierno, condicionando, con una actitud dolosa y servil, la renovación de nuestro Tribunal de garantías, a cuya falta de veracidad ha querido contribuir de forma decisiva el Gobierno, designando como magistrado a su antiguo ministro de justicia. Este mismo Gobierno no sólo sitúa el Código Penal en el centro de la negociación presupuestaria y modifica ad personam un tipo penal como el de la malversación, sino que hurta a la sociedad y al Parlamento el debate sobre elementos centrales de nuestra democracia, regulando instituciones básicas de la democracia a través de enmiendas a proyectos de ley en trámite. Se trata de precedentes, de un legado, pernicioso en términos democráticos.

Pero ni autogolpe ni quiebra constitucional. Lo que sí quebró fue nuestro sistema de partidos y las posibilidades que este ofrecía para la responsabilidad política. La mayoría de gobierno la integran hoy fuerzas políticas que necesitan una cultura constitucional deshilachada para su propia fortuna, y que no harán pagar el deterioro institucional al ejecutivo que sostienen. La coalición aritméticamente alternativa tendría que integrar a una opción política refractaria a principios básicos de nuestro pacto constitucional y que niega la legitimidad de gobierno, y la propia existencia, al enemigo político. No parece atractivo. Lo paradójico de esto, desengañados ya del espejismo de la nueva política, es que poner coto a la gangrena en nuestras instituciones, pasa hoy porque los dos principales responsables de la misma, populares y socialistas, sean capaces de caminar por una senda inédita en nuestra democracia, la del apoyo mutuo en la función de gobierno. No contra nadie, sino a favor de objetivos esenciales de política constitucional. Para ello la sociedad ha de estar por encima de su clase política y empezar, desde el lenguaje y, claro, desde las urnas, a reclamarlo.