Mensaje en la botella

Sus señorías tienen deberes

Ya pasaron los Reyes Magos y, con ello, se da por finalizada oficialmente la Navidad. Arranca un nuevo año con ilusiones renovadas -eso se supone- y con ganas de mejorar. Nuestros políticos no son ajenos a estos anhelos y, en caso de que no fuera así, ya estamos nosotros para recordarles que hay tareas pendientes. En esta Córdoba nuestra podríamos escribir un largo listado de asuntos aún en el aire e incluso apelar a que los gobiernan y los que están en la oposición despierten del aletargamiento que, con matices, del que han hecho gala en el ya finiquitado 2017. Pero no es mi intención centrarme en lo que queda por hacer sólo en el plano de la gestión pura y dura, sino llamar la atención sobre un informe que, por aquello de que hemos estado sumidos entre felicitaciones y debates sobre la lluvia y los Reyes magos, parece que ha pasado un tanto desapercibido.

Para poner al lector en antecedentes, les cuento que el pasado 3 de enero, emitió su veredicto el llamado Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, un análisis anual dedicado a los parlamentarios, jueces y fiscales, que finaliza en diciembre de 2018. Este organismo formula 11 recomendaciones a España y considera que cumple siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro las incumple totalmente. Su dictamen es que la situación de España es "globalmente insatisfactoria". A modo de resumen, le piden a nuestros gestores de la cosa pública varias cosas: adoptar un código de conducta público y crear un sistema para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses económicos, bienes y actividades complementarias que presentan los diputados y senadores. Dentro de estas declaraciones que deben presentar cada año, el Consejo de Europa valora que estén obligados a declarar sus actividades y sus bienes, pero echa en falta más detalle.

Así, pide que se incluya información sobre las empresas en las que los parlamentarios tienen acciones o participaciones, los regalos que reciben, los viajes a los que son invitados, los tipos de interés que pagan por sus hipotecas y sus ingresos por actividades complementarias (incluidas dietas y compensaciones). La pregunta (cándido de mí) es evidente: ¿Todavía no se hacen estas cosas después de lo que ha pasado en este país en los últimos años? Con los numerosos caso de corrupción que hemos visto pasar, las propuestas de regeneración a las que los partidos políticos no han tenido más remedio que sumarse (otra cosa es que en realidad quisieran) y las decisiones judiciales que se han adoptado y que han ratificado las dudas sobre cómo se ha gestionado lo que es todos por parte de la clase política -que se salve el que pueda- resulta cuando menos sorprendente que un organismo como el Greco le pegue este tirón de orejas a España. Sus señorías tienen deberes. Es una cuestión de decencia.

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