Editorial

La rebelión de los alcaldes

LA Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol oriental ha decidido abanderar la reforma urgente de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, (LOUA), aprobada en 2002 por el Parlamento andaluz. La institución pretende representar a los 31 municipios de la comarca de la Axarquía, con alcaldes de todo signo político que denuncian la gravedad de la situación provocada por la aplicación de la normativa urbanística desde ángulos bien distintos. Por una parte, consideran a la LOUA y al Plan de Ordenación Territorial de la comarca como los auténticos culpables del parón de la construcción, agudizado además por la situación de crisis. Entienden que ahora mismo se encuentran en el limbo varios miles de viviendas y diseminados levantados sobre suelo no urbanizable, que en teoría no podrían ser legalizadas. A ello se añadiría el agravio respecto al litoral occidental, donde municipios como Marbella o Mijas están en camino de legalizar más de 30.000 viviendas construidas fuera del planeamiento. El detonante que ha terminado por unir los intereses dispares de alcaldes y ayuntamientos es el goteo constante de regidores y concejales ante los juzgados, denunciados por delitos urbanísticos mediante la figura de la prevaricación urbanística por omisión, contemplada como infracción punible en la ley de 2002. Por ello han solicitado incluso al Ministerio de Justicia que revoque los procesamientos por la vía penal y se sancionen las irregularidades por la vía administrativa en aquellos casos en que no quede demostrada la existencia de corrupción. Sólo en Málaga hay causas abiertas en más del 25% de los Ayuntamientos, y la amenaza pende sobre numerosos alcaldes. El movimiento cuenta con el respaldo de la dirección del PSOE malagueño, partidario de un "pacto social por el urbanismo", que espera sumar apoyos en otras provincias costeras. La situación coloca en una encrucijada a la Junta, que justamente creó la ley tras las críticas de inacción por los desmanes cometidos en el litoral malagueño, que finalmente quedarán en su mayoría legalizados. La gravedad del problema exige una negociación pero no desde el desafío. E incluso corregir los excesos de la norma, si su aplicación los ha acreditado. Pero es inasumible una amnistía general para los alcaldes por las tropelías urbanísticas.

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